Dos empresas conocidas por vender casas prefabricadas, Casas El Roble y Casas Santa María, han sido sancionadas por la justicia.

La Corte Suprema confirmó que estas empresas deben pagar una multa y devolver el dinero a las personas que compraron viviendas, después de ser encontradas culpables de no respetar los derechos de los consumidores.

El conflicto comenzó cuando se descubrió que ambas empresas actuaban como si fueran una sola, lo que complicaba la situación para los compradores que enfrentaban problemas con sus viviendas.

A pesar de que las empresas intentaron argumentar en la corte que no tenían una relación directa entre sí, los jueces determinaron que sí existía una conexión y que habían manipulado las reglas a su favor, perjudicando a los compradores.

Los magistrados Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto García, María Soledad Melo Labra y el abogado Carlos Urquieta Salazar, integrantes de la Primera Sala del máximo tribunal, no aceptaron el recurso de casación presentado por las empresas.

Esto significa que no encontraron errores en los juicios anteriores que pudieran cambiar la decisión de que las empresas deben ser castigadas por sus acciones.

Como resultado, la Corte ordenó que las empresas no solo paguen una multa de 300 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), sino también que devuelvan el dinero a los afectados y anulen los contratos que habían firmado con los compradores.