La situación judicial del padre del senador Javier Macaya (UDI) continúa dando que hablar, y es que luego que la Corte de Apelaciones de Rancagua revocara la medida cautelar de prisión preventiva a Eduardo Macaya por abusos sexuales contra menores, diversas fueron las críticas ante esta resolución que generó indignación transversal.

Con todo, el parlamentario de la UDI y -ahora- expresidente de su partido insistió en defender a su padre, que finalmente quedó con arresto domiciliario mientras se concreta la lectura de su sentencia y se ejecuta el veredicto de la justicia de seis años de presidio.

En ese contexto, hubo declaraciones cruzadas entre Macaya hijo y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien no dudó en lanzar sus dardos contra el senador de derecha no solo por cuestionar el parentesco de las afectadas con el imputado, sino también por haber puesto en duda la veracidad del video que se presentó como prueba ante tribunales.

"A diferencia del senador Macaya, yo entiendo mi rol como ministra y sé que soy del Poder Ejecutivo y por lo tanto no me corresponde comentar en detalle, ni menos echar para abajo, la prueba con la que toma decisiones el Poder Judicial", siguió la secretaria de Estado.

"Aquí el llamado que queremos hacer es un llamado al cuidado, porque nos ha costado muchos años como país el correr el velo respecto al abuso sexual infantil, en que esto se persiga penalmente, y todos los actores institucionales y políticos tenemos responsabilidad en proteger eso que ha costado tanto", agregó.

La jefa de la cartera de Género además recordó que desde el año 2019 existe la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, es decir, que los hechos ocurridos después de ese año no tienen prescripción. "Las víctimas tienen derecho al tiempo", aseguró.

Consultada respecto de la posible exposición que las víctimas pudieran sufrir en el marco de lo mediático del caso, y porque se ha hablado de parentescos entre ellas o con Eduardo Macaya, la ministra dijo que responde a una estrategia judicial por parte de la defensa para desacreditar a las denunciantes.

"Aquí hay claramente una estrategia judicial que está muy bien, corresponde en el legítimo derecho a la defensa de cualquier acusado de cualquier delito, pero tal como nos obliga la Convención de Belém do Pará y tal como nos obliga también la Convención de Derechos del Niño, esperamos que no forme parte de esa estrategia atacar públicamente la credibilidad de una niña", comentó.

Asimismo, destacó que es deber de la institucionalidad fortalecer la confianza en el sistema. "Estas declaraciones minan la creencia de las víctimas de que van a ser escuchadas (...) Más de el 80% del abuso sexual infantil se da en entornos intrafamiliares, el estándar probatorio es muy alto y muy difícil, y los niños y niñas tienen todo en contra, literalmente. Corresponde a nosotros nivelar y dar garantías".