Este lunes 22 de julio, la recientemente constituida Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, instancia de coordinación que integran diversas organizaciones del continente americano y europeo, oficializó su preocupación por la inquietante situación de estas garantías en El Salvador.

A través de una declaración pública, denuncian que en este país, “se han venido implementando políticas y medidas regresivas con claro sentido autoritario, desde la asunción del actual presidente de la Republica, Nayib Bukele, en el año 2019”.

Se trata de un escenario inquietante, releva el colectivo, apuntando particularmente al “sistema de Justicia” y al “funcionamiento de las instituciones gubernamentales”.

Su modus operandi, asegura una declaración pública, se produce en “ausencia de controles constitucionales, y amenazando la necesaria independencia de los Poderes del Estado”.

Políticas de sostén represivas

“El mencionado sesgo autoritario, que importa políticas de sostén represivas en contra de los derechos humanos fundamentales del pueblo salvadoreño, ha sido constatado por especialistas en materia de derechos humanos, por informes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, y a través de las múltiples denuncias y testimonios que se han recopilado y dadas a conocer públicamente”, declara la Plataforma.

Paralelamente, esta asegura que “el cúmulo de información refleja que existen prácticas por parte de las autoridades del Estado, como detenciones arbitrarias sin investigaciones e imputaciones previas; personas que fueron sometidas a condiciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes, en condiciones de encarcelamiento mediadas por hacinamiento, falta de acceso a la alimentación y el agua, servicios de salud o medicamentos, ocasionando incluso, la muerte de privados de libertad”.

Además, agrega la declaración, “es manifiesto el permanente ataque que el presidente de la República, Nayib Bukele, dirige contra defensoras y defensores de derechos humanos, personas opositoras y críticos al gobierno, periodistas y medios de comunicación independientes, que de manera imparcial y objetiva denuncian las irregularidades y transgresiones éticas y jurídicas de su gobierno”.

En consecuencia, denuncia esta instancia internacional, “a la fecha, existe una gran cantidad de periodistas exiliados producto de su estado de indefensión”.

Derechos de la mujer y la niñez retroceden

“El retroceso se torna evidente en los derechos de las mujeres y la niñez, constatándose en la eliminación de programas sociales”, recalca la declaración apuntando también a una falta de servicios que “ha provocado un evidente abandono de las políticas públicas dirigidas a mejorar los ingresos de las mujeres, la atención a los casos de violencia y la salud sexual y reproductiva”.

Además, denuncia la instancia, existe una “degradación en instituciones que velan por los derechos de la niñez y adolescencia, como el caso del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), que se presenta en la actualidad sin programas, ni proyectos en beneficio de este sector”.

De igual modo, se constatan “violaciones de derechos en torno a detenciones de adolescentes en el marco del régimen de excepción; nacimiento de niños y niñas dentro de centros penales con exclusión de atenciones y controles médicos tanto a las madres como a los recién nacidos, generándose situaciones de extrema precariedad y gravedad, incluyendo la muerte”.

En consecuencia, desde la Plataforma, exigen “dejar sin efecto el régimen de excepción, debido a no existir motivos legales para su permanencia, restituyéndose los derechos y garantías fundamentales al pueblo salvadoreño y disponiendo la inmediata libertad de los inocentes detenidos bajo este régimen, reparando los daños que se les ha ocasionado”.

Comunidad internacional debe levantar la voz

Además, el petitorio suma a sus exigencias la creación inmediata “de políticas públicas a favor de la protección de los derechos de las mujeres y niñez".

"Reformular las cuestionadas políticas implementadas para combatir la delincuencia, teniendo presente que su eficaz combate no puede ser jamás incompatible con el respeto irrestricto de los derechos humanos”, es otro de los requerimientos emanados desde la instancia.

Por último, concluye la declaración pública, "llamamos a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo a alzar su voz exigiendo de las autoridades políticas de El Salvador el debido cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, derivadas de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales sobre la materia”.

Crédito foto: @ElenaBerberana