La voracidad del capitalismo desregulado y el extractivismo desenfrenado han desatado una crisis ambiental sin precedentes. En este contexto, las y los defensores de la vida en el planeta se han convertido en los últimos bastiones de resistencia contra la destrucción de nuestro hogar común.

Sin embargo, este acto de valentía y dedicación ha sido manchado por una realidad sombría y brutal: casi 2000 defensores ambientales han perdido sus vidas en la última década, según un estudio de la organización Global Witness que abarca el periodo del 2012 al 2022.

Es una realidad que no puede ser ignorada ni minimizada. Detrás de cada una de esas cifras se encuentra una historia de coraje, de lucha implacable contra las fuerzas del extractivismo y la codicia corporativa. Lamentablemente, esta lucha también ha sido marcada por el acoso legal, las amenazas de muerte y las persecuciones violentas que buscan silenciar a quienes que se atreven a desafiar el statu quo.

En América Latina la situación es particularmente alarmante. Con más de 1100 defensores y más de 600 miembros de comunidades indígenas sacrificando sus vidas en la batalla por la justicia ambiental, la región se ha convertido en un lugar donde la vida de los activistas está en constante peligro. Brasil, Colombia y México encabezan esta lista de horror, con cientos de casos que reflejan la brutalidad de un sistema que privilegia el lucro sobre la vida.

Sin embargo, en medio de la oscuridad, surgen luces de esperanza. Organizaciones como la Fundación Escazú Ahora Chile, FIMA Chile, la red Escazú y otras están luchando incansablemente por la defensa de estas y estos valientes. Estas organizaciones están realizando un seguimiento exhaustivo de la implementación del Acuerdo de Escazú en los distintos países donde se ha ratificado, asegurándose de que se traduzca en acciones concretas para garantizar la seguridad y la protección de los activistas ambientales en toda la región.

Además, durante la segunda jornada de la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo de Escazú, celebrada del 22 al 24 de abril de 2024 en Santiago, Chile, los Estados Parte aprobaron un Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. De acuerdo con lo informado por CEPAL, este plan tiene como objetivo poner en marcha un conjunto de ejes y acciones estratégicas con el fin de avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo.

El artículo antes mencionado establece, entre otras cosas, que cada una de las Partes deberá garantizar un entorno seguro y adecuado para que las y los defensores ambientales puedan actuar sin tener que enfrentar amenazas, censuras e inseguridad. Asimismo, deberán tomar medidas concretas tanto para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.

Este Plan de Acción se articula en torno a cuatro ejes prioritarios que son interrelacionados y complementarios: generación de conocimiento; reconocimiento; fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del Plan de Acción; y evaluación, seguimiento y revisión. Cada uno de estos ejes incluye un conjunto de acciones estratégicas destinadas a alcanzar los objetivos propuestos.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en los gobiernos y las instituciones. Nosotros tenemos un papel que desempeñar en esta lucha por la justicia ambiental. Debemos alzar nuestras voces en solidaridad con quienes están en la primera línea de la batalla, denunciar cualquier forma de violencia o persecución en su contra y exigir un cambio radical en nuestro sistema económico y político que ponga la vida y el bienestar de las personas y el planeta por encima de los intereses corporativos.

En memoria de aquellos que dieron sus vidas en la lucha por un mundo más justo y sostenible, y en solidaridad con aquellos que continúan defendiendo la vida.

Autora de la columna: Camila Rivera, Analista de Política Internacional, activista y educadora ambiental. Coordinadora de Top Coop de The Oxygen Project

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