Este miércoles el ministro secretario general de Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, confirmó que el gobierno ingresará un veto presidencial para insistir en el proyecto de ley que reforma una serie de aspectos del sistema electoral, entre ellos que los comicios se realicen en dos días, la regulación de la propaganda en redes sociales y el recorte de los recursos que se entrega por devolución de votos. 

Si bien ayer martes parecía que la ley estaba lista para ser aprobada luego de que la comisión mixta de Gobierno la visara tras introducir correcciones, lo cierto es que una advertencia de Elizalde a último momento enredó todo. 

El ministro —que llegó tarde a la sesión del martes— hizo hincapié en que para implementar el voto obligatorio era necesario reemplazar la palabra “electores” por “ciudadanos” ya que, según la interpretación del Ejecutivo, la Constitución permite; más no obliga, a los avecindados en Chile a votar. 

El alcance hecho a último minuto por Elizalde no sólo encendió los ánimos en la oposición, sino que también provocó una nueva rebelión del oficialismo. 

Con la ley ya aprobada en la Comisión Mixta, pasó a la Sala del Senado para ser votada. En la instancia, los senadores oficialistas y de la DC remarcaron el punto hecho previamente por Elizalde adelantando que la ley no iba a prosperar. 

El senador Francisco Huenchumilla (DC), quien fue el primero en tomar la palabra, advirtió de inmediato que “la Constitución tiene dos normas de lo que se entiende por elector. El artículo 14 habla de los extranjeros y señala que ellos podrán votar (...) Por lo tanto, lo que señala la norma es que los extranjeros no tienen voto obligatorio en Chile”. 

De ahí en más, todo el debate se dio en torno a si implementar o no el voto obligatorio para extranjeros avecindados en Chile (con residencia de más de cinco años en el país). 

Oposición acusa movida electoral 

La lectura que hizo la oposición fue que el oficialismo intentaba dejar fuera a los extranjeros por cálculo electoral entendiendo que, según datos del Servel, a diciembre de 2023, existían más de 670 mil personas provenientes desde el exterior habilitados para votar.

La senadora UDI, Luz Ebensperger, hizo el punto asegurando que “está claro que la discusión es que el oficialismo quiere que no se cobre multa a los extranjeros, sino que solo a los chilenos (...) Reconozcamos que detrás del rechazo del oficialismo lo único que se busca es un beneficio político”. 

Pese a los reparos de la oposición, el informe de la mixta finalmente no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado y fue rechazado por 25 votos a favor, siete abstenciones y siete rechazos. 

En la interna, parlamentarios de oposición comentan que el voto extranjero, principalmente el venezolano, va a ser decisivo en comunas como Santiago, Estación Central o Recoleta. Y ahí el cálculo es que la derecha sería el sector beneficiado por el voto de avecindados. 

Veto presidencial

Tras la polémica y ante la posibilidad de que caiga toda la legislación —que incluye la votación en dos días, el recorte del pago por voto a candidatos y partidos, y la regulación de la propaganda electoral— el ministro Elizalde anunció que el Ejecutivo ingresará un veto presidencial. 

“Hemos decidido que como gobierno vamos a vetar esta iniciativa (...) El detalle técnico lo vamos a entregar una vez que se haya realizado el estudio correspondiente, pero es básicamente un veto para establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones”.

La jugada de La Moneda responde a que la legislación salió de la Cámara sin multa al voto obligatorio y que la mixta no pudo arreglar los aspectos que quedaron en el aire (monto de la multa y cuánto se rebajará el pago del voto a candidatos). 

Por lo mismo, según detallan fuentes de la Segpres, lo más probable es que el veto sea de carácter aditivo para restituir dichos aspectos. 

De acuerdo a lo que indica la Constitución de la República, “si alguna de las Cámaras rechazare la proposición de la comisión mixta, el Presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Si la Cámara de origen rechazare las adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad; pero, si hubiere mayoría para el rechazo, menor a los dos tercios, el proyecto pasará a la Cámara revisora, y se entenderá aprobado con el voto conforme de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta última”.