Una profesora de tercer año básico se encontró en el centro de un conflicto después de un incidente aparentemente menor en su sala de clases.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante una evaluación, una de sus alumnas pidió permiso para ir al baño, a lo cual la profesora inicialmente preguntó si podría esperar.

Ante la urgencia expresada por la niña, la docente permitió su salida.

Sin embargo, lo que parecía un día normal se complicó con la llegada de la madre de la estudiante, quien, muy alterada, acusó a la profesora de discriminar a su hija por varias razones, incluyendo no tener uniforme y supuestamente negarle el acceso al baño.

Además, en el fallo se destaca que estas acusaciones escalaron rápidamente cuando la apoderada decidió usar Facebook para transmitir en vivo su descontento, afirmando que la niña había sido discriminada y emitiendo comentarios dañinos hacia la profesora.

Las declaraciones en la red social no solo incluyeron críticas, sino también amenazas directas, lo que llevó a la profesora a buscar protección legal.

Ante esta situación, la Corte de Apelaciones de Rancagua intervino, analizando los hechos y las pruebas presentadas.

El fallo de la corte fue claro: las acciones de la apoderada, incluyendo las declaraciones en redes sociales, afectaron gravemente la reputación y la dignidad de la profesora.

El tribunal calificó estas acciones como injustas y prohibidas por la ley, ordenando que se eliminen todas las publicaciones ofensivas y se detengan futuras acusaciones públicas.