Proyecto que reconoce el acceso a internet como un servicio público se declara legal por TC
El Tribunal Constitucional ha validado las modificaciones propuestas a la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, las cuales buscan reconocer el acceso a internet como un servicio público esencial.
Este cambio viene para asegurar la equidad en el acceso a la red en todo el territorio nacional, especialmente en situaciones de emergencia y estados de excepción.
El proyecto, que pasó sin observaciones del Presidente ni cuestionamientos de constitucionalidad durante su tramitación en el Senado, incluye cambios significativos en los artículos 18 y 19 de la mencionada ley.
Estos ajustes se centran en las condiciones de las servidumbres de telecomunicaciones y los procesos jurisdiccionales en casos de disputas.
Particularmente, el artículo 18 establece que las compensaciones por servidumbres legales deberán ser acordadas entre las partes o decididas administrativamente, con una vía jurisdiccional clara en caso de conflictos.
Asimismo, se facilita la terminación de estas servidumbres si se incumplen las obligaciones establecidas o si se afecta gravemente la infraestructura o el servicio.
Por otro lado, el artículo 19 asegura que, en ausencia de un acuerdo, se establecerá una servidumbre legal cuando la Subsecretaría de Telecomunicaciones la declare imprescindible.
Además, establece un procedimiento sumario para determinar compensaciones, ofreciendo también la opción de arbitraje.
Una adición clave es el artículo 24 C, que proporciona a diversas autoridades nacionales y municipales la capacidad de tomar medidas excepcionales durante emergencias para garantizar el acceso a internet.
Este punto ha sido especialmente respaldado por el Tribunal, que lo ha calificado de crucial para la atención y mitigación de emergencias en el país.
Sin embargo, la resolución no estuvo exenta de discrepancias. Algunos ministros expresaron reservas sobre la clasificación de algunas disposiciones como de ley orgánica constitucional, sugiriendo que deberían tratarse como ley común.