En 1974, una mujer comenzó una amistad con un grupo de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que vivían cerca de su casa en Puente Alto.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, en ese tiempo, ella vivía con su madre y hermanos en condiciones económicas muy difíciles.

Los miembros del MIR la ayudaron dándole comida y educación. Entre ellos, formó una relación amorosa con un hombre.

En 1976, este hombre fue detenido y ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Según lo que se puede leer en el fallo judicial, este evento marcó profundamente la vida de la mujer.

Relata cómo, solo por su asociación con los miembros del MIR, fue detenida y torturada por funcionarios del Ejército. Estas torturas físicas y psicológicas la llevaron a cambiarse de casa con su familia por miedo.

A pesar del miedo, estas dos personas intentaron mantener su relación. Quedó embarazada en 1976 y, aunque fue una noticia feliz, vivieron en constante temor.

El hombre la dejó a cargo de sus padres para protegerla, pero fue detenido el 25 de mayo de 1976 y desaparecido.

Durante el embarazo, la mujer enfrentó seguimientos y hostigamientos, y finalmente dio a luz a una niña que murió al poco tiempo en circunstancias dudosas en el hospital.

Pasaron años de sufrimiento y esfuerzo para esta mujer, quien nunca recibió apoyo emocional ni económico.

Estudió y terminó el 4to medio a los 48 años, cumpliendo una promesa que le había hecho a su pareja.

Sin embargo, los traumas vividos afectaron su vida laboral, emocional y familiar, llevándola a vivir con estrés postraumático y miedo constante.

Además, en el fallo judicial se agrega que el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como "Informe Rettig", confirmó que este hombre fue detenido y desaparecido por agentes de la DINA.

Frente a estos hechos, el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado pagar $10.000.000 a la esposa de este hombre por el daño moral sufrido.

La jueza Gabriela Silva Herrera determinó que el Estado es responsable de este acto cruel y debe compensar a la mujer por el sufrimiento que ha vivido durante todos estos años.