"Con la crisis de seguridad que vive el país, no nos cabe duda de que las prisiones preventivas seguirán aumentando y seremos una vez más los gendarmes quienes, con escasos recursos, deberemos hacernos cargo de una realidad que ningún gobierno fue capaz de visibilizar".

Así se refería en abril de este año la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH) respecto a las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien señaló que “tenemos hoy día un abuso de la prisión preventiva”.

Actualmente, según cifras de Gendarmería de Chile, el sistema carcelario se encuentra con una sobrepoblación cercana al 24%, donde existen 42.000 plazas que tienen que albergar a una población que supera los 54.000 internos.

“El hacinamiento penitenciario es un tema que evidentemente complejiza la labor del personal de gendarmería entendiendo que eso significa falta de espacio para poder hacer una buena separación de la población penal”, dice Pablo Jaque Garrido, presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile (AGECH) en conversación con El Desconcierto.

Jaque explica que la realidad es distinta dependiendo del penal. Mientras en algunos la dotación de gendarmes es la suficiente para controlar a la población penal, en otras en cambio, hay un funcionario para controlar a 250 internos.

“Las regiones más complejas son la Metropolitana, Valparaíso y hacia el norte Arica y Antofagasta”, ejemplifica Jaque.

Al hacinamiento hay que sumarle el ingreso de internos de nacionalidad extranjera, principalmente vinculadas a bandas de crimen organizado, quienes se caracterizan por tener un perfil más violento y suelen someter a los otros internos, situación que complejiza la labor de Gendarmería.

Un ejemplo de ellos es lo ocurrido el jueves de la semana pasada, donde internos del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), -antes conocida como Cárcel de Alta Seguridad (CAS)-, provocaron desórdenes que dejaron a funcionarios lesionados.

Cabe recordar que, desde marzo de 2023, la otrora Cárcel de Alta Seguridad fue remodelada para albergar exclusivamente a condenados por delitos vinculados al crimen organizado y personas con alto compromiso criminal, como es el caso de Carlos González Vaca y Hernán Landaeta Garlotti, miembros del Tren de Aragua.

Los desórdenes y destrozos en la ex Cárcel de Alta Seguridad derivaron en el traslado de algunos internos hacia otros penales del país, medida que se ha tomado en ocasiones anteriores como una forma de evitar para que las bandas criminales -principalmente las vinculadas al crimen organizado- se rearticulen y comiencen a operar dentro de las cárceles.

De manera paralela, Gendarmería realizó un allanamiento simultáneo en 37 establecimientos penales en 16 regiones del país, incluyendo el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).

El operativo, a cargo de grupos especiales de Gendarmería, permitió la incautación de 420 armas blancas; 190 teléfonos celulares; 191 litros de licor artesanal; y 9 kilos de sustancias ilícitas.

Velar por la seguridad de los internos

La desarticulación de bandas criminales y su posterior formalización tienen bastante publicidad en los medios de comunicación, sin embargo, poco se habla de lo que ocurre cuando el imputado queda tras las rejas, en un sistema que está sobrepasado y no cuenta con los recursos suficientes.

“Pareciera ser que quien comete el delito se pone tras la reja y ahí se terminara el ciclo respecto a esa persona, pero el ciclo delictual. La verdad es que al interior de la unidad nos encontramos con un subsistema donde sucede de todo y el personal de gendarmería se tiene que hacer cargo”, dice el presidente de AGECH.

Jaque explica que los funcionarios de Gendarmería tienen que trabajar con una cantidad de población penal que los supera y a la vez tienen la obligación de velar por la integridad y seguridad de cada uno de los internos.

“Hay situaciones de crisis donde internos ingresan y vienen con conflictos que se desatan dentro de la unidad penales y en esas inferioridades numéricas el gendarme, para no verse expuesto a futuras sanciones, tiene que intervenir para salvar la vida del imputado y eso por cierto que genera un estrés permanente en el personal”, señala Jaque.

El caso más emblemático es el del gendarme Héctor Palma, quien en junio de 2018 quedó preso tras ser formalizado por infracción al artículo 150 A del Código Procesal Penal, que dice relación con el delito de tortura.

Su formalización se debió a que el Séptimo Juzgado de Garantía consideró que no prestó ayuda a Cristián Romero Morales, uno de los dos ecuatorianos imputados por el homicidio de Margarita Ancacoy en Barrio República y que derivó en que fuera golpeado y torturado por otros internos en el penal de Santiago Uno.

Pese a la sentencia del tribunal en contra de Palma, el ciudadano ecuatoriano afirmó que “gracias a su ayuda logré salir vivo”.

“Parece insólito porque hoy día con lo que tenemos, estamos haciendo frente y sosteniendo el sistema penitenciario y además el personal siente que está en una posición de desventaja”, señala Jaque.

El hacinamiento se está escapando de las manos

El caso del ciudadano ecuatoriano es el más emblemático, pero a diario los funcionarios de Gendarmería deben lidiar con distintas situaciones que se hacen cuesta arriba cuando no hay espacio para ingresar más internos.

“A diario nuestros funcionarios viven distintos tipos de situaciones, con internos que ingresan por delitos en materia sexual, por ejemplo, que hay que prestar especial atención y que requieren a veces, como medida impuesta por el tribunal, la segregación de esa población penal cuando hoy día no tenemos prácticamente espacio donde segregar a ese tipo de internos porque el hacinamiento se está escapando de las manos”, advierte el presidente de AGECH.

En abril de 2023 se aprobó un convenio de transferencia de cerca de $4.000 millones a Gendarmería en el marco de la Política y Plan Nacional Contra el Crimen Organizado.

Subsecretario de Interior, Manuel Monsalve; junto al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo/ Agencia Uno

Si bien Jaque reconoce el rol activo que ha tenido la Subsecretaría del Interior, donde destaca la gestión de Manuel Monsalve, al que considera un conocedor del sistema penitenciario, dice que la necesidad de las cárceles es tal, que todos los recursos son insuficientes.

“Lo venimos diciendo hace mucho rato, el Estado no se ha hecho cargo del sistema penitenciario en Chile, no ahora, no es de esta administración, sino que todas las administraciones anteriores”, señala.

“Los gremios de gendarmería hemos venido solicitando que se mejoren las condiciones laborales del personal de gendarmería, que se entreguen los elementos de seguridad que se requieren para efectuar un buen trabajo, elementos de seguridad tan básicos como el uniforme. Las botas hoy día escasean, incluso en el proceso de formación de nuestro personal. Ahí está la escuela institucional donde los alumnos ni siquiera tienen su uniforme para poder dar inicio a su proceso de formación”, agrega.

100 días trabajando

Los turnos de los gendarmes, sumado a las situaciones que deben lidiar a diario dentro de los penales, hace que las jornadas sean extenuantes donde algunos de los funcionarios tienen un desarraigo familiar debido a que son trasladados a otras regiones.

“Que el personal de gendarmería está sometido a un estrés permanente siempre lo hemos dicho. A esta institución ingresan jóvenes llenos de ilusión y al poco tiempo se dan cuenta en el espacio en que van a desarrollar su vida laboral, que es de violencia permanente al interior de las unidades penales”, señala Jaque.

El presidente de AGECH pone el ejemplo de un gendarme que trabajó más de 100 días para tener un día de descanso. “Un funcionario que trabajó en Copiapó y que eran situaciones reiterativas. Descansaba un día, después volvía a trabajar y tenía que trabajar al menos 30 o 40 días más. Pasa porque hay una ausencia laboral importante”, señala.

Agencia Uno

“En este mismo momento en que nosotros estamos conversando hay uno o dos funcionarios haciéndose cargo de 300 o 400 internos que cometieron acciones gravísimas y que un tribunal determinó que su conducta es un peligro para seguridad del país”, ejemplifica.

Pese a las precariedades y estrés permanente en que trabajan los funcionarios de Gendarmería, sumado a la sobrepoblación que existe en los penales y los casos de violencia al interior de estos, Jaque asegura que el Estado tiene el control de las cárceles, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, donde se han conocido casos de sangrientos motines por parte de los internos, como en Ecuador o Brasil.

“No existe otro profesional que se pueda hacer cargo del sistema penitenciario como pasa en otros países en que intervienen Fuerzas Armadas para intentar hacerse cargo de la población penal”, señala.

“Seguimos siendo uno de los sistemas penitenciarios con mejores evaluaciones en materia de privación de libertad. Las fugas desde el interior de las unidades penales son bajísimas respecto a lo que pasa en otros países del continente. El Estado puede decir hoy día que tiene el control de todas las unidades penales del país y eso no es nada más que gracias al trabajo que se ha hecho y al compromiso que tiene el personal de Gendarmería”, cierra.