La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, aseguró este sábado que el Gobierno no apoyará las propuestas de retiro de fondos previsionales que se han planteado esta semana. Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo está trabajando por la reforma al sistema de pensiones y que eventuales rescates desde las cuentas individuales de las AFP impactarían negativamente en las personas más vulnerables a través de la inflación.

Recordemos que el pasado miércoles diputados de la bancada PPD-IND buscaron presionar a la oposición para apurar la tramitación de una reforma previsional con plazo máximo de dos meses a cambio de no volver a respaldar proyectos de retiros de fondos de pensiones.

En un punto de prensa efectuado en Temuco, la secretaria de Estado señaló que “los retiros produjeron una alta inflación, de la cual estamos muy contentos en el gobierno de haber podido contribuir a su control (…) y con el rol relevante, autónomo, del Banco Central, que nos permitió hoy día tener un indicador de IPC de 4,1% en los últimos 12 meses. Recordemos que en noviembre del 2022 estábamos en un 14%”.

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“Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los retiros? La inflación nuevamente crece y las personas que ganan menores ingresos son las que más sufren (…) La inflación a quien más le pega, siendo un problema para toda la economía, es a las personas de menores ingresos. Por eso no vamos a propiciar los retiros, pero sí tenemos la convicción de que es indispensable que la reforma previsional avance (…) Ya es hora de que, quienes estamos en política, pongamos el foco en los pensionados, en las pensionadas”, agregó la ministra Jara.

Ley Karin

Unas declaraciones que se dan el marco del viaje de la secretaria de Estado a la ciudad de Chillán y Temuco. En ambas ha participado en conversatorios para informar y dar a conocer los alcances de la Ley Karin, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, que entrará en vigor el 1 de agosto de este año.

En el espacio desarrollado en La Araucanía participaron también Claudia Salgado, hermana de Karin Salgado, cuyo caso inspiró la citada ley, y el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva Feuerhake. Asimismo, asistieron las y los seremis de Trabajo y Previsión Social, Claudia Tapia de la Peña; de Mujer y Equidad de Género, Sol Kaechele; de Desarrollo Social, Mariela Huillipan; de Educación, Marcela Castro; de Gobierno, Verónica López-Videla; de Hacienda, Ronald Kliebs; de Agricultura, Héctor Cumilaf; y directores de los servicios de la cartera de Trabajo y Previsión Social en la región.

A la cual también asistieron los dirigentes sindicales Sandra Marín Cheuquelaf, presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF La Araucanía); Elsa Almonacid y Anthony Lenz, titulares de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Cautín y Malleco, respectivamente.

Llamado a empresas a prepararse

En el conversatorio realizado en Temuco, la ministra Jeannette Jara llamó a las empresas a prepararse para la entrada en rigor de la Ley Karin. “Esta ley va a entrar en vigencia el primero de agosto. Los empleadores se tienen que preparar para el inicio de su vigencia, porque tiene un foco muy importante en la prevención (…) En Chile estamos acostumbrados a decir que prevenir es mejor que curar, pero prevenir no se produce espontáneamente”, aseguró.

“Entonces, estamos emitiendo desde el Ministerio del Trabajo una serie de instrumentos que consisten en una circular que se publicó ayer (por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, Suseso), en un dictamen que va a salir esta semana, en un reglamento que está en la Contraloría, a fin de que todo esto a fines de junio esté listo para que en agosto las empresas empiecen con esta ley en vigencia. Pero hay que prepararse porque esto es un cambio legal, pero también es un cambio cultural”, añadió la secretaria de Estado.

La Ley Karin establece la obligación, por parte de las empresas y de los órganos de la administración del Estado, de contar con un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y de la violencia en el trabajo, además de establecer medidas de resguardo y el reconocimiento de atención psicológica temprana para las o los trabajadores que realicen denuncias.

Además, la nueva normativa perfecciona los procesos de investigación del acoso sexual y laboral en el sector público y obliga a los empleadores a informar semestralmente los respectivos canales de recepción de denuncias sobre incumplimientos relativos a la prevención, investigación y sanción del acoso sexual y laboral, y de cualquier incumplimiento a la normativa que rige a funcionarios del sector público y trabajadores del sector privado.