Juan Ramón Godoy Muñoz, el exalcalde de Rancagua, continúa en prisión preventiva, tras ser acusado de una serie de actos corruptos que se habrían llevado a cabo durante su mandato entre 2021 y 2023.
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Juan Ramón Godoy Muñoz, el exalcalde de Rancagua, continúa en prisión preventiva, tras ser acusado de una serie de actos corruptos que se habrían llevado a cabo durante su mandato entre 2021 y 2023.
Godoy, quien enfrenta acusaciones severas como malversación de fondos, fraude y cohecho, es visto por las autoridades judiciales como un peligro para el éxito de las investigaciones en curso y la seguridad pública.
Uno de los elementos más llamativos del caso es una operación de compra de un automóvil Mazda CX9 que involucra al exalcalde.
Este vehículo, que fue vendido inicialmente por el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, pasó a manos de Godoy en un trato gestionado por la automotora Anfruns Motors de Rancagua.
Curiosamente, el pago de $32 millones no fue realizado por Godoy sino por Diego Barba, dueño de Bod Seguridad, una empresa que ha facturado millones a la municipalidad bajo la administración de Godoy.
Las investigaciones, reveladas por CIPER, han puesto de relieve prácticas cuestionables, como pagos en efectivo y tratos que se realizan al margen de los registros adecuados, complicando aún más la posición de Godoy.
Estos actos se extienden a la adquisición de una casa en Doñihue, cuya promesa de compraventa no fue firmada por Godoy sino por uno de sus asesores, pese a que las negociaciones fueron llevadas a cabo personalmente por él.
En una reciente decisión, la jueza Carolina Lazen Maldonado, a cargo del caso, rechazó una solicitud para modificar la medida de prisión preventiva de Godoy.
La decisión se basó en la falta de cambios significativos en las circunstancias y el potencial riesgo que Godoy podría representar para el proceso judicial en curso si se le concediera la libertad.
Lazen Maldonado destacó la gravedad y naturaleza de los delitos imputados a Godoy, enfatizando que los actos de corrupción que se le atribuyen son especialmente perjudiciales para la comunidad y el manejo de los recursos públicos.
Además, expresó preocupación por las posibles conexiones de Godoy dentro de la administración municipal que podrían permitirle interferir en la investigación.