Cuando el sábado 1 de junio el Presidente Gabriel Boric anunció, en su penúltima Cuenta Pública, que el Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto para legalizar el aborto, no fueron pocos los representantes de la oposición que se mostraron abiertamente contrarios a la iniciativa.

Tanto así, que incluso a lo menos 11 parlamentarios decidieron abandonar de inmediato la sala, dejando clara su postura de rechazo ante el interés por consagrar la interrupción del embarazo en nuestra Constitución.

Cómo es visto el anuncio desde el feminismo, es lo que le consultamos a la abogada Sindy Salazar, integrante de la Corporación de Abogadas Feministas (Corafem).

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"Creo que es importante recordar, respecto de la Cuenta Pública, que la legalización del aborto es una demanda histórica del movimiento feminista en el mundo, y especialmente en Chile. En este sentido, los derechos sexuales y reproductivos, son ejes del programa del gobierno actual y una deuda del Estado con los compromisos internacionales en materias de DD.HH.", asegura.

Paralelamente, Salazar recalca que "este avance responde justamente a llevar adelante y hacer efectivos los compromisos adquiridos respecto de derechos de las mujeres y personas gestantes".

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Libertad de decidir autónomamente

"Ser mujer y no tener derechos a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros proyectos de vida, es una cuestión relevante a la hora de dar la discusión, porque tiene que ver con la libertad de poder tomar decisiones con autonomía y entendiendo la responsabilidad que conlleva la maternidad", complementa la abogada.

Siguiendo con su análisis, Salazar comenta que "otra arista importante, es la importancia de develar que la única diferencia que existe de quienes se practican abortos en el país, es cómo y con quién lo hacen, porque los abortos marcan una profunda diferencia de clase, mientras unas pueden viajar a hacerlo o lo hacen pasar por apendicitis en algunas clínicas privadas, los abortos de mujeres pobres son abortos clandestinos que ponen en peligro sus vidas".

"¿Que implica, entonces, legalizar el aborto en este país? Que las mujeres en Chile tengan acceso a decidir, en igualdad de condiciones, por eso insistimos en que el aborto es una cuestión de salud pública", complementa.

Para Salazar, "la penalización por abortar es un tema tremendo, no sólo desde lo punitivo asociado a las leyes que nos sancionan por el hecho de ser mujeres con capacidad de gestar, sino porque la penalización tiene una carga social que nos sitúa a la altura de una criminal".

"Unas pueden tener 'apendicitis...'"

"Y finalmente, por lo anterior, mientras unas pueden tener 'apendicitis', dos o tres veces en su vida, a otras por la insalubridad que pueden tener al momento de practicarlo, las llevan a ser imputadas por un delito. No olvidemos el porcentaje importante de objetores de conciencia que existe en Chile, impidiendo la efectivización de los derechos cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una causal de violancion. La criminalización, finalmente una vez más, es de las mujeres más pobres de este país", agrega Salazar.

"La postura no es algo que nos sorprenda, si vemos hacia atrás los grandes procesos de cambio en temas relevantes como el divorcio, el debate sobre los hijos legítimos e ilegítimos, etc., donde estos sectores de derecha principalmente, siempre han tenido argumentos parecidos", sostiene la abogada a renglón seguido.

De hecho, plantea, "siempre han sido sectores regresivos en materia de derechos, clasificando como temas valóricos cuestiones de derechos y de salud pública, como es este caso".

"No nos sorprende, pero nos gustaría que se pudiesen debatir ideas y realidades, no dogmas, con la altura de miras que tiene que tener un país democrático, porque el aborto para nosotras no es un tema valórico, sino de justicia social, es hacer frente a una realidad que afecta desproporcionadamente a las mujeres más pobres de este país", concluye Salazar.

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