Durante la última cuenta pública, el presidente Boric no solo desaprovechó la oportunidad de retomar el programa ecológico por el que fue electo, sino que sigue profundizando un modelo económico sin justicia social y ambiental. Un extractivismo renovado de verde, donde la urgencia de la crisis climática no encuentra eco en las propuestas del gobierno y, por el contrario, responde a un paradigma de crecimiento incesante que despoja cada vez más a los territorios.

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Aun cuando se muestran avances en torno a la implementación del Acuerdo de Escazú y la ampliación de áreas protegidas, no vemos medidas estructurales que restituyan el programa ecológico inicial, que superen la conservación y proyecten la regeneración de los territorios dañados por políticas extractivas.

Iniciativas como las desaladoras multipropósito son presentadas como solución para enfrentar la escasez hídrica, cuando su promoción como alternativa a nuevas fuentes de agua está llena de incertidumbres. Y es que las desaladoras al día de hoy no cuentan con una regulación y normativa estricta, tampoco existe claridad acerca del destino del agua, ni a quién corresponderá su propiedad. Tampoco es posible estimar el impacto a los ecosistemas marinos a raíz de la cantidad de salmuera desechada, ni cómo éstos afectarán a las tan golpeadas comunidades que viven de la pesca artesanal en nuestro país.

Con tantas interrogantes, es una decepción que el “gobierno ecologista” promueva la desalación como la mejor forma de enfrentar una crisis hídrica que, sabemos, tiene su principal razón en una gestión hídrica basada en el enriquecimiento de unos pocos por sobre la sequía de muchos y el daño a los océanos. Nos parece una mala señal que se ofrezcan soluciones técnicas de corto plazo, sin cuestionar ni ofrecer soluciones políticas estructurales al problema del agua.

Así también, vemos con preocupación la urgencia de agilizar los plazos de decisión en la evaluación ambiental, como si lo único que importara fuera la premura de los inversores y no la protección de la naturaleza y el bienestar de las comunidades.

Si bien hay avances notorios en el “SEIA 2.0”, como la eliminación del Comité de Ministros como última instancia de decisión de proyectos, prima una mirada excesivamente extractivista sobre los territorios y la naturaleza, donde comunidades y empresas aún se enfrentan en condiciones muy desiguales cuando hay disputas por la instalación de proyectos.

Consideramos que el SEIA debe contar con un fortalecimiento técnico que pueda evaluar criteriosamente los proyectos, donde además las comunidades cuenten no sólo con la información oportuna, sino que tengan instancias vinculantes en los procesos de decisión.

Por otro lado, el Presidente también aludió a que, por medio de la Estrategia Nacional del Litio, se concreta una operación extractivista en el acuerdo firmado el 31 de mayo entre SQM y Codelco. Con esta medida se entrega a los nietos del dictador Pinochet la explotación de las reservas de litio hasta el 2060(ver aquí) en el Salar de Atacama.

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¿Qué queda para Chile? Pérdidas de estimadas en US$ 10.999 millones para el Estado, según el economista Camilo Lagos; la exclusión de las comunidades atacameñas (ver aquí) que habitan las zonas a explotar y, no menos importante, cargas ambientales agudas sobre los salares que se ven profundamente afectados por la evaporación de salmueras que secan volúmenes de agua afectando su disponibilidad.

Estamos mirando el paso de cambio de la minería de cobre a la minería de agua, mientras seguimos dañando nuestra biodiversidad y comunidades y seguimos enriqueciendo a unos pocos por sobre el bienestar de todos y todas.

Otro punto para el balance, la mención honrosa a los avances de la energía “limpia” producida a partir de la industria del hidrógeno verde en Chile para la transición energética, esconde en las sombras los procesos productivos de gran escala, dejando la ilusión de que esta industria está exenta de costos ambientales y sociales.

La etiqueta “verde” que se coloca al hidrógeno producido en nuestro país no es más que una política industrial que responde a las demandas en las cadenas globales de valor por la transición energética europea, dando pie para que el norte global supedite las vidas de los pueblos y ecosistemas de Chile, toda vez que aquellos requerimientos no sólo han fracturado las relaciones comunitarias y con la naturaleza, sino que además han precarizado las condiciones laborales de las personas que obligadamente deben destinar su trabajo a empresas transnacionales. El crecimiento por la vía de una mayor inversión no ha sido garantía de mayor justicia social en los territorios.

Echamos de menos acciones alternativas para enfrentar la crisis climática desde otro paradigma, uno que busque la regeneración de los ecosistemas dañados por forestales, incendios, mineras, etc. y no la construcción de mega embalses, como el Punilla y el Zapallar, que mata comunidades y ecosistemas enteros bajo el agua; un paradigma que promueva soluciones basadas en la naturaleza, de alto impacto al futuro y de bajo costo para el Estado.

Que se hable de buscar nuevas fuentes, pero no solo en las desaladoras, sino también mejorando los procesos de tratamiento de aguas de las sanitarias, que se vierten todos los días al mar en vez de tratarlas y llevarlas a la pequeña agricultura, por ejemplo. Podríamos mencionar un sin fin de medidas más, pero por sobre todo, en esta cuenta pública echamos de menos que las discusiones estructurales estén invisibilizadas.

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En la línea de lo que han sido estos años de Gobierno, nos quedamos con la decepcionante certeza de que el progresismo no tocará los modelos privados de gestión de los bienes comunes naturales, como el agua, la tierra y el litio, ni mucho menos avanzará con firmeza en buscar nuevos modelos económicos más justos y sostenibles, que no hipotequen la vida de las generaciones futuras. Y es esa discusión estructural la que seguiremos pujando siempre y en todos lados, hasta terminar con la brutal desigualdad socioambiental en nuestro país.

*Columna de Manuela Royo, abogada medioambientalista y Vocera Nacional de Modatima Chile