Robo de agua, tala ilegal de bosque nativo, contaminación por sobre los niveles permitidos o actividades industriales sin permiso ambiental son algunas de las infracciones que generan daño al medio ambiente y que ocurren con frecuencia en el país.

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Pero por años organizaciones ambientales han denunciado que la institución encargada de fiscalizar y sancionar estas infracciones, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), no tiene la cantidad de funcionarios necesaria o la capacidad administrativa para hacer frente al desafío. Ahora, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto que reforma la institución.

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Más multas y fiscalizadores

Uno de los puntos relevantes de la reforma es que otorga calidad de ministro de fe a los fiscalizadores de otros servicios públicos cuya ley orgánica no lo confiera, lo que aumenta la cantidad de personal fiscalizador para hacer frente a las denuncias. En la actualidad, la institución cuenta con 109 fiscalizadores en todo el país.

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Además, aumenta las multas para infracciones graves a $8 mil millones y las gravísimas a $16 mil millones. “Esto es importante ya que en algunos casos el beneficio económico que conlleva el incumplimiento ha sido mayor que el máximo de la multa a aplicar”, comenta Carolina Palma, coordinadora de incidencia de la ONG FIMA.

Por último, traslada a las municipalidades y a los juzgados de policía local la responsabilidad de fiscalizar y sancionar estos casos. Esto permitiría apuntar a “la falta de capacidad de tramitar la gran cantidad de denuncias que llegan a diario, las cuales no siempre entregan la información adecuadamente, o denuncian hechos que no son materia a resolver por la SMA”, explica Palma.

En la misma línea, propone un procedimiento sancionatorio acotado y medidas alternativas para infracciones leves. Esto hace frente a que los procedimientos sancionatorios suelen ser “excesivamente largos”, sobre todo en el caso de infracciones leves.

La iniciativa contempla la facultad a los fiscalizadores para incautar objetos, documentos físicos y digitales cuando sean esenciales para la investigación, y permite a los denunciantes mantener su identidad en reserva durante la investigación.

“Estas modificaciones son de una urgencia indiscutida, ya que se hacen cargo de una gran demanda que hay sobre la SMA, en materia de fiscalización, sanción y denuncias, y de otros aspectos que no contempla la normativa actual. Así fue considerado por gran parte de los actores transversales que fueron invitados a la comisión”, declaró la superintendenta Marie Claude Plummer.