Víctima de tortura en Estadio Nacional logra indemnización después de 51 años: $25 millones

Víctima de tortura en Estadio Nacional logra indemnización después de 51 años: $25 millones

Por: Horacio Gutiérrez Areyte | 31.05.2024
La Corte de Santiago obligó al Estado a indemnizar con $25 millones a Mario Orlando Gaete Vargas por torturas sufridas en el Estadio Nacional y otro centros de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet. Revisa todos los detalles aquí.

Mario Orlando Gaete Vargas dejó su vida en el campo buscando mejores horizontes en la capital, llegando a alojarse con un familiar mientras trabajaba en un laboratorio de la calle Irarrázaval.

Aunque los ingresos eran modestos, le permitían sobrevivir en la ciudad. Inspirado por el ambiente político de la época y la dirección social de la Unidad Popular, Mario encontró su vocación como dirigente social, sin afiliarse formalmente a ningún partido.

Sin embargo, su vida tomó un giro drástico el 10 de octubre de 1973, cuando fue brutalmente detenido en su lugar de trabajo por un pelotón de soldados.

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Tras ser golpeado y sometido a un interrogatorio en un regimiento local, fue trasladado al Estadio Nacional y luego al Estadio Chile, donde sufrió cinco días de golpes continuos, torturas y más interrogatorios.

Su calvario no terminó ahí; fue llevado en avión al norte, al Campamento de Prisioneros Chacabuco en Antofagasta, donde continuaron las torturas.

Finalmente liberado el 14 de febrero de 1974 por falta de méritos, Mario intentó retomar su vida laboral y personal, pero las secuelas de su encarcelamiento lo seguían.

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Ha vivido con el constante temor de ser detenido nuevamente, sufriendo de trastornos psicológicos como claustrofobia, ataques de pánico y pesadillas recurrentes que han marcado profundamente su existencia.

Recientemente, la justicia ha respondido a su largo sufrimiento. La Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado una compensación de $25.000.000 por los daños morales sufridos.

Los jueces Antonio Ulloa, José Pablo Rodríguez y María Soledad Krause rechazaron los argumentos de prescripción utilizados por el Estado, enfatizando la necesidad de mantener la buena fe en los procesos judiciales y honrar los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.

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