La desregulación inmobiliaria en algunas comunas de escasos recursos está generando estragos sin precedentes para la calidad de vida de sus habitantes, y una de sus principales consecuencias es la complicidad que esta política -o ausencia de ella- está teniendo con la delincuencia.

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Cualquiera que haya caminado por la intersección de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins y la autopista General Velásquez, en la comuna de Estación Central, podrá haberse percatado de los enormes guetos verticales que han sido construidos en los alrededores.

Más allá de las opiniones estéticas que se puedan tener de dichas construcciones, estas producen un problema que tiene raíces y repercusiones más profundas de las que se pueden apreciar a simple vista: se forjaron barrios a partir de una política de vivienda que terminó por reproducir la inseguridad en el espacio público y fomentó la existencia de las bandas de crimen organizado.

En Estación Central las inmobiliarias, que dominan el mercado, y ante la ausencia de un Plan Regulador Comunal, han construido departamentos desde los 17 metros cuadrados, enfocados en los grupos socioeconómicos C3 y D, explotando al máximo el espacio y la altura disponible.

Y es que, la política de vivienda, ha sido pensada desde sus inicios de manera segregada y excluyente. Bajo el alero del mercado el concepto de comunidad no existe, y en la estructura urbana que se forma los ciudadanos tienen limitadas herramientas para hacer valer sus demandas, sus proyectos de vida y para aplacar los riesgos asociados a la mala calidad de los espacios en los que viven.

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Este verdadero salvajismo inmobiliario ha tenido como correlación el aumento de los delitos de alta connotación social en un 19%, desde 2010 a 2023 (SDP, 2024) además del colapso de los servicios públicos. Hoy, el 40% de la población de Estación Central asiste a cerca de cuatro establecimientos educacionales aprox, un Cesfam, dos plazas y una plazuela, ubicados tan solo en el 5,8% del total de superficie comunal.

Todo esto termina por debilitar la calidad de la atención que el Estado es capaz de brindar, aumenta los índices de hacinamiento y provoca un debilitamiento en la vigilancia comunitaria, creando una atmósfera de inseguridad y facilitando el camino para que bandas delictuales desarrollen tanto el control como la disputa territorial sobre estos lugares, atemorizando a la población.

Para combatir este flagelo, y a estas alturas una verdadera deuda histórica con la población local, es importante que las políticas de vivienda se piensen de manera democrática, considerando las necesidades urbanas, la construcción armónica de la comunidad y la equidad territorial.

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La infraestructura comunal, los servicios públicos, los espacios de esparcimiento y áreas verdes no son simples apéndices de los negocios inmobiliarios, sino que deben ser la prioridad al momento de elaborar las políticas de vivienda y ciudad para que, precisamente, los niños, niñas, mujeres y personas mayores, que son quienes habitan y sienten día a día la desigualdad y la violencia, puedan vivir en ambientes seguros y dignos.