Un sabor agridulce dejó el cierre de las últimas termoeléctricas presentes en la ciudad de Tocopilla el pasado abril. Mientras se celebraba el necesario cierre de una empresa contaminante, se denunciaba que la empresa Aes Andes no contaba con un plan de cierre para hacerse cargo de la contaminación acumulada que quedó en el territorio.

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Se trata de una situación recurrente que ha sido denunciada por organizaciones y especialistas en el proceso de descarbonización: las plantas cierran o se transforman a actividades menos contaminantes, pero no se sabe qué ocurre con los pasivos ambientales.

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En el caso de las termoeléctricas Norgener 1 y 2 que cerraron en abril en Tocopilla, la organización Chile Sustentable llamó a las autoridades ambientales a fiscalizar el proceso de cierre de las centrales, ya que acusan que la empresa no estaría cumpliendo con las exigencias de cierre establecidas en el permiso ambiental que habilitó su operación.

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En relación a esto, desde la ONG FIMA también han levantado la alerta sobre la cantidad de proyectos contaminantes en el país que no fueron evaluados porque se aprobaron antes de que existiera la institucionalidad ambiental, por lo que no contemplan planes de cierre y no hay claridad de qué va a pasar con los pasivos ambientales dejados por dichas plantas.

“Para que una transición sea justa, las empresas en proceso de cierre o reconversión deben reparar los impactos ambientales que han provocado, y hacerse cargo de los pasivos ambientales que dejen detrás”, aclara Felipe Pino, coordinador de proyectos de la ONG FIMA.

Normas incumplidas

Según los datos recopilados por la organización Chile Sustentable, de las 11 centrales termoeléctricas que ya han cerrado en el país, solamente Bocamina II en Coronel tuvo un plan de cierre evaluado y aprobado.

[caption id="attachment_922326" align="alignnone" width="750"] Situación de las centrales cerradas en Chile. Fuente: Chile Sustentable.[/caption]

La situación fue planteada por la directora de la organización, Sara Larraín, invitada a participar en la primera reunión del Panel de expertos que elaborará la Estrategia Nacional de Transición Justa. El organismo fue convocado por el Ministerio de Medio Ambiente y está conformado por autoridades públicas y representantes de la academia, sociedad civil y privados, para elaborar la política pública.

“Las comunidades de Tocopilla, Mejillones, Puchuncaví y Coronel, que han sido históricamente afectadas por estas industrias, siguen esperando la remediación de los pasivos ambientales. La falta de cumplimiento de las obligaciones legales sobre abandono y remediación en el proceso de cierre de estas centrales, ha erosionado la confianza de la ciudadanía en el proceso de transición energética”, afirma.

Según argumenta Larraín, existen normas ambientales y de salud vigentes actualmente, para regular por ejemplo el transporte y disposición de residuos industriales, que no están siendo cumplidas por las empresas ni enforzadas por la autoridad.

 

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“Para diciembre de 2025 se habrán cerrado o reconvertido 20 de las 28 centrales carboneras que operaban en 2019, y aún no existe un Plan de Acción concreto para garantizar el cumplimiento de las normas de cierre y remediación vigentes y asegurar que esta transición hacia la descarbonización sea verdaderamente justa”, sostiene.