En un país donde el negacionismo ha ganado terreno en los últimos años, la historia de LFJ -se consigna con iniciales por resguardo de su identidad-, un pensionado chileno de 76 años resalta la lucha por la justicia y el reconocimiento de los Derechos Humanos (DDHH) que le fueron violados en dos ocasiones distintas, separadas por décadas.

LFJ, de 25 años para 1973, desarrollaba actividades profesionales en una empresa del área social de la economía en la comuna de Penco, Octava Región, mientras militaba en el Partido Socialista. El 12 de septiembre de aquel año, sin explicación ni notificación previa, menos pago compensatorio, fue despedido de su trabajo.

Ahí fue tomado detenido por carabineros y sometido a torturas por varios días y sometido a torturas durante varios días, para ser liberado sin ninguna explicación. Mientras su hogar en Penco fue registrado en tres ocasiones, resultando en la destrucción de mobiliario y la quema de libros.

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Torturas

Buscando retomar su vida normal, LFJ se mudó a Chillán, donde fue arrestado nuevamente. Durante su detención en una comisaría local, sufrió golpizas y maltrato físico y psicológico, antes de ser trasladado a Concepción atado de pies y manos en la parte trasera de una camioneta junto a otros detenidos.

En la comisaría de Concepción, LFJ fue torturado repetidamente, incluyendo la inserción de alfileres bajo sus uñas, golpes en los oídos, simulacros de ejecución y golpizas. También fue forzado a permanecer de pie durante horas y a presenciar torturas a otros prisioneros políticos. Durante este tiempo, permaneció como “detenido desaparecido”, ya que las autoridades no reconocían su detención ante su familia.

Posteriormente, fue llevado al campo de prisioneros del Estadio Municipal de Concepción, donde estuvo detenido por tres meses en condiciones de incomunicación y sometido a más torturas. Luego enfrentó un Consejo de Guerra arbitrario, sin conocer las acusaciones en su contra ni tener derecho a defensa legal. Después de tres meses, fue trasladado a la Cárcel Pública de Concepción, donde pasó varios meses más.

Finalmente, el Fiscal Militar encargado del caso ordenó su liberación incondicional, debido a la falta de pruebas de alguna actividad ilícita. Es así que LFJ estuvo detenido durante un año sin un proceso legal adecuado y sin justificación.

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Demanda civil contra el Estado

Después de vivir en el exilio y regresar a Chile, LFJ buscó justicia y reparación. En 2022, ganó una demanda civil contra el Estado, obteniendo una indemnización. Sin embargo, la Tesorería General de la República retuvo el pago debido a una deuda tributaria antigua, además tampoco se hizo una gestión para eliminar su vigencia por antigüedad de más de 20 años, una acción que LFJ y sus defensores consideran una continuación de la violación de sus DDHH, contraria a los tratados internacionales.

El caso de LFJ ha pasado por varios niveles del sistema judicial chileno, y actualmente se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia con un recurso de casación. La esperanza es que la corte reconozca los Derechos Humanos de LFJ por encima de cualquier tecnicismo legal. Este caso resalta la paradoja de un Estado que, después de reconocer y reparar parcialmente las injusticias pasadas, parece volver a infringir los mismos derechos que se comprometió a proteger.

Una vida como reflejo de los muchos que sufrieron violaciones a sus Derechos Humanos bajo la dictadura y aún buscan reparación. A pesar de los esfuerzos por obtener justicia, enfrentarse a los obstáculos burocráticos que ignoran el trauma pasado. Una decisión de la Corte Suprema será crucial no solo para LFJ, sino también para el futuro de la justicia y los DDHH en Chile.

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