Un grupo de diputados, Gonzalo De la Carrera, Johannes Kaiser y Leonidas Romero, junto con la diputada Camila Flores, han introducido una polémica propuesta legislativa que busca reinstaurar la pena de muerte para crímenes cometidos contra miembros de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas del país.
Esta medida de carácter conservador, que incluye modificaciones al Código de Justicia Militar y la Ley Orgánica de Investigaciones de Chile, ya la había anunciado Johannes Kaiser durante el 29 de abril.
Mis declaraciones a la prensa del día de hoy por las RUF, el Partido Comunista y mi proyecto para reponer la pena de muerte para asesinos de policias y miembros de las FFAA en servicio pic.twitter.com/73cXFuGkVB
— Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) April 30, 2024
El proyecto propone que los asesinatos de funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones o de las Fuerzas Armadas, realizados en razón de su cargo o durante el ejercicio de sus funciones, sean sancionados con la pena de muerte.
Especialmente si estos crímenes involucran circunstancias agravantes como la recompensa, el uso de armamento o el intento de ocultar la identidad mediante el uso de máscaras.
Los proponentes del proyecto argumentan que la pena de muerte actuaría como un disuasivo poderoso contra futuros ataques, enfatizando la necesidad de una "defensa legítima de la sociedad" frente a amenazas a la seguridad y el orden público.
Citando la antigua Ley de Talión ("ojo por ojo"), los legisladores sostienen que la pena capital es una respuesta proporcionada y necesaria frente a la gravedad de estos actos.
Por otra parte, es importante señalar que la reinstauración de la pena de muerte enfrenta significativas barreras legales e internacionales.
Chile abolió la pena de muerte en 2001 durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, reemplazándola con penas de largo plazo como el presidio perpetuo calificado.
Además, el artículo cuarto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos prohíbe a los países signatarios reinstalar la pena de muerte una vez abolida.
A pesar de estas restricciones, los diputados de derecha han llamado a un debate nacional sobre su viabilidad y necesidad.
La reciente presión ejercida por la oposición ha intensificado el debate político, impulsando medidas que han sido calificadas por el gobierno y varios expertos como potenciales "retrocesos democráticos", como es el caso de la pena de muerte.
Según fuentes oficiales, estas propuestas representan un desafío significativo para el progreso en materia de derechos humanos y podrían constituir una amenaza para el estado de derecho.
La arremetida de la oposición ha generado preocupación entre los miembros del oficialismo, quienes han expresado en diversos medios que las iniciativas en cuestión podrían revertir avances importantes y estabilizar las bases de la democracia chilena.
El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, también han participado en el debate.
Díaz ha expresado su apoyo a la medida, especialmente en casos de asesinato policial, reflejando una división de opiniones entre las autoridades regionales y nacionales sobre cómo manejar la violencia contra los funcionarios del orden.
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional y ha sido radicado para estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja.
La polémica propuesta ha reavivado un intenso debate sobre los derechos humanos, la justicia y la seguridad pública en Chile, con voces tanto a favor como en contra, ponderando las implicaciones éticas y prácticas de un posible retorno a la pena de muerte en el contexto actual del país.
