Según un reporte de Ember Climate, Chile es el país del mundo que se abastece de energía solar en mayor porcentaje. Esta rápida entrada de energías renovables está enfrentándose ahora a un cuello de botella, porque la construcción de grandes parques eólicos y solares no ha ido aparejada de un desarrollo acelerado de la infraestructura para almacenar o transportar toda esa energía.

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Esto es lo que busca remediar el proyecto de Ley de Transición Energética, que avanza en el Congreso. Recientemente, en el proyecto se agregó una indicación para acelerar los proyectos de transmisión eléctrica sobre todo en la región del Ñuble (donde recientemente se rechazó un proyecto de línea de transmisión) y para entregar terrenos fiscales para el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía.

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Para la ecóloga y directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, el proyecto acumula retrocesos que lo están convirtiendo “en un traje a la medida” para las empresas privadas, en detrimento del interés público.

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Traje a medida

El texto inicial permitía que el Estado llamara a licitación para construir proyectos de almacenamiento de energía. El almacenamiento es un desarrollo necesario para guardar aquella energía que, por su naturaleza variable, se acumula en exceso en ciertos momentos del día (cuando hay mucho sol o mucho viento) y disminuye drásticamente en otros.

Para Larraín, la licitación era la forma en que el Estado podía planificar estratégicamente el uso del territorio, asegurándose de que los proyectos de almacenamiento se construyan en los lugares donde verdaderamente se necesitan, y garantizando la elección transparente del servicio más competitivo y económico.

Sin embargo, esa posibilidad se borró del proyecto, y el Estado solo se limita a entregar terrenos fiscales para que las empresas realicen sus proyectos de almacenamiento. “El Estado renunció a su capacidad de planificar. En cambio, va a entregar terrenos fiscales para que los privados pongan el almacenamiento donde ellos quieren y al precio que ellos quieren, y eso no nos parece”, declara.

Además, explica que la falta de planificación estratégica puede generar que a futuro falte almacenamiento en algunos lugares donde se necesita, y se generen distorsiones que terminan repercutiendo en que el costo del servicio sea más caro para las personas en los hogares.

Otro cuello de botella

La energía está siendo generada masivamente en zonas donde no vive tanta población. Si esa energía no se usa y no se almacena, es necesario transmitirla hacia los centros de consumo donde se concentra más población. Eso requiere la construcción de grandes y largas carreteras eléctricas con miles de torres de alta tensión, donde también se está generando un problema de congestión.

Esto porque con sus miles de kilómetros, las líneas atraviesan cientos de comunidades y ecosistemas generando múltiples conflictos socioambientales. En el país, al menos cuatro grandes proyectos de líneas de transmisión han recibido informes negativos por parte de servicios públicos en su evaluación ambiental, o se encuentran judicializados por conflictos con comunidades.

Para Larraín, el Estado tiene un grado de culpa en la situación, renunciando nuevamente a su capacidad estratégica, ya que no estaría cumpliendo con una disposición que habilita la Ley de Transmisión de 2015. Allí, se establece que el Estado estudie y defina las franjas por donde los privados van a poder instalar líneas de transmisión.

“Eso te permite definir una franja de territorio donde se genere la menor cantidad de impactos y hacer una evaluación ambiental estratégica previa de esa franja, para que luego los proyectos de línea eléctrica que se presenten ya tengan una franja definida y pre evaluada. Ahora le echan la culpa a las comunidades o a la evaluación ambiental por el retraso, pero el Estado no está cumpliendo la ley”, reclama.