En una carta enviada el jueves de esta semana al fiscal nacional, Ángel Valencia, los diputados de la bancada RN acusaron “fragilidad institucional evidente” por parte del Ministerio Público luego de que se diera a conocer que dos sujetos de nacionalidad iraní con arraigo nacional se fugaron del país. 

La situación se dio luego de que ambos iraníes fueran detenidos el 30 de abril de 2023 por portar pasaportes ingleses falsificados. Fueron formalizados por receptación, falsificación de instrumento público y falsificación de identidad, por lo que se decretó su prisión preventiva. Sin embargo, el 25 de mayo y tras revisarse la medida cautelar originalmente decretada, ambos imputados quedaron solo con arraigo nacional. 

Ante la situación, la bancada RN apuntó directamente contra el fiscal adjunto a cargo de la causa ya que “tras su comparecencia no sólo se habría revocado la medida cautelar de mayor intensidad, sino que se habría modificado por una de escasa intensidad, no apropiada para el éxito de la investigación, aceptando dicho persecutor que los imputados señalaran como domicilio el de la propia Embajada de Irán en Chile, pese a que no era un domicilio propio y sin comprobar dicha condición”.

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Por lo mismo, los diputados emplazaron a Valencia a “impartir las instrucciones necesarias para que las actuaciones del Ministerio Público, en esta eventualidad, se conduzcan de la manera señalada y en línea con obligaciones internacionales asumidas por Chile”. 

Telón de fondo

El nuevo emplazamiento de un partido de Chile Vamos a Valencia se enmarca en la sostenida arremetida de la coalición de derecha contra el Ministerio Público. 

Sumada a la polémica por la fuga de los dos iraníes; parlamentarios y figuras de la UDI y RN llevan ya varios meses en cruzada contra el trabajo de la fiscalía regional Metropolitana Centro Norte a cargo de Xavier Arméndariz. 

Más allá de las declaraciones contra el fiscal que lleva causas emblemáticas del estallido social contra funcionarios y altos mandos de Carabineros, el pasado 9 de abril diputados de oposición —desde Amarillos al Partido Republicano— ingresaron un requerimiento ante la Corte Suprema para remover a Armendariz. 

En el documento se acusó a Armendariz de “sesgo ideológico”, “negligencia” y que ha perseguido a carabineros “con particular encono, subjetividad y parcialidad”.

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Esta arremetida contra Fiscalía también se ha replicado en el Congreso, en especial en la discusión del proyecto de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en que se reflotó la idea de reponer ciertas atribuciones de los tribunales militares. 

En el Parlamento, la derecha utilizó como argumento para impulsar la indicación de la justicia militar que la Fiscalía, en particular Armendáriz y la fiscal Ximena Chong, han actuado con “sesgo” en los casos contra funcionarios de carabineros imputados por casos relacionados a las protestas de 2019. 

De hecho, al reponer la indicación en el Senado —que fue rechazada en la Cámara— la oposición apuntó directamente contra la dupla de persecutores de la Centro Norte. 

“Acá hay fiscales y hay ciertos jueces que son anti carabineros y eso va mucho más allá de la fiscal (Ximena) Chong o del juez (Daniel) Urrutia. Si nosotros no le damos garantía de juicio justo a los carabineros cuando utilizan la fuerza, malamente vamos a poder vivir seguros. Si nosotros no les damos racionalmente la fuerza, no proporcionalmente la fuerza, malamente vamos a tener la posibilidad de vivir seguros”, dijo el senador independiente, exrepublicano, Rojo Edwards. 

La incomodidad de Fiscalía

Ante la escalada de cuestionamientos a la Fiscalía y la posibilidad de que se traspasen competencias del Ministerio Público a fiscales militares, Valencia sacó la voz asegurando que es “una mala señal”. 

“Es una mala señal… Es una mala señal si esa decisión se fundamenta en desconfianza, en que se considere que no hay suficiente capacidad técnica. O muy mala señal si se fundara en que se estima que no es suficiente objetividad por parte de la institución o suficiente imparcialidad por parte de los tribunales de justicia”, dijo Valencia. 

A nombre de los persecutores, la Asociación de Fiscales también se pronunció respecto a los constantes emplazamientos de la derecha. 

En un comunicado público, la agrupación señaló que “autoridades han planteado alternativas y propuestas, desde sus particulares visiones políticas, algunas de las cuales hacen referencia al trabajo de los y las fiscales. La mayoría de esas referencias se hacen en buen tono (…) Sin embargo, otras opiniones exceden el tono crítico para situarse derechamente en la ofensa y denostación”. 

“Podemos equivocarnos, pero jamás realizamos nuestra labor a partir de prejuicios hacia determinadas personas ni menos hacia instituciones”, acotó en la misiva la asociación a la vez que descartó que persecutores adoptaran posiciones “político-partidistas” como han deslizado personeros de oposición.

“No podemos permitir el agravio y la ofensa que, además pone en tela de juicio nuestra propia autonomía”, sentenciaron los fiscales. 

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