En diciembre de 2010, en las instalaciones del puerto de Coronel, un operario falleció mientras desempeñaba su labor en la carga y descarga de contenedores.

Este suceso no solo dejó un vacío en su familia sino que inició una batalla legal que duraría más de una década.

El trabajador, padre y esposo, estaba cumpliendo con sus tareas habituales en la bodega 10 del puerto cuando ocurrió el accidente.

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A pesar de las regulaciones y procedimientos de seguridad establecidos, se permitió una maniobra peligrosa: la operación de una grúa dentro del contenedor mientras él estaba aún adentro.

Este acto de negligencia resultó en su muerte, dejando a su esposa y tres hijas sin su apoyo emocional y económico.

La familia, devastada, decidió buscar justicia y compensación por la pérdida de su ser querido, iniciando así un proceso legal contra la Empresa Portuaria Coronel y la Compañía Puerto de Coronel.

La demanda no solo buscaba reparación por el daño moral, sino también por el lucro cesante, es decir, los ingresos futuros que el trabajador habría aportado a su hogar.

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Después de años de procedimientos legales y apelaciones, la Primera Sala de la Corte Suprema, compuesta por un panel de jueces y una abogada, finalmente dictó un fallo en 2022, revocando decisiones anteriores y condenando a las empresas involucradas a pagar una indemnización total de $236.960.000.

Este fallo destacó varios puntos clave: el reconocimiento del sufrimiento emocional prolongado de la familia y la admisión de fallas en las medidas de seguridad por parte de las empresas.

El tribunal destacó la responsabilidad de las empresas en mantener un ambiente de trabajo seguro y la importancia de seguir rigurosamente los procedimientos establecidos.

En su dictamen, la corte hizo hincapié en la necesidad de una compensación integral que cubra tanto el impacto emocional como el económico sufrido por la familia.

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