Acogen demanda de vecinos por falta de fiscalización durante estallido social y pandemia en Santiago
Después de un largo proceso legal y un fallo inicial desfavorable, los residentes del Barrio San Borja en Santiago han recibido una respuesta judicial.
La Corte Suprema ha decidido intervenir, revocando una decisión anterior de la Corte de Santiago y exigiendo a la Municipalidad de Santiago tomar medidas concretas para mejorar la seguridad y el estado del barrio, el cual afirman los vecinos que se ha deteriorado significativamente.
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Según los vecinos que interpusieron este recurso, durante los últimos años, en el Barrio San Borja se ha experimentado un aumento en la inseguridad y el deterioro de espacios públicos, como la plaza de Carabineros, ahora rodeada de comercio ambulante y cocinerías, así como el establecimiento creciente de campamentos de indigentes.
Esta situación llevó a los residentes a demandar a la municipalidad por no cumplir con sus obligaciones de fiscalización y control, alegando una vulneración a su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
La municipalidad argumentó que las dificultades en el manejo de la situación se debieron al estallido social cerca de la Plaza Italia y la pandemia de Covid-19, que redirigió los recursos municipales hacia la salud pública y dejó otros problemas sin resolver.
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Además, indicó que la gestión de la plaza de Carabineros no estaba bajo su control directo.
Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que la municipalidad no puede eludir su responsabilidad en la gestión de estos problemas sociales y exigió la creación de un plan de medidas y seguimientos que mejore la calidad de vida en el Barrio San Borja.
Este plan debe implementarse en breve plazo y en coordinación con las autoridades pertinentes, buscando una solución efectiva a los problemas de seguridad y deterioro que han mencionado los vecinos que viven en el barrio.