La trágica experiencia de Antuco, hace ya varios años, permanece en la memoria de muchos con la convicción de que -a pesar de que el responsable recibió condena- hay un entrenamiento excesivo y un malentendido de lo que significa la fuerza, la “hombría”, la valentía, etc. Todos aspectos exigidos muchas veces sobrehumanamente en aquélla ocasión, así como en la que volvemos a conocer hoy en el norte de nuestro país.

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¿Quiénes son nuestros jóvenes que hacen el servicio militar? Lo sabemos, una indagación estadística lo puede evidenciar. Lo digo por aquellos que puedan estimar ideológica la pregunta. Jóvenes de hogares modestos, cuyas familias ven en la institución un lugar de futuro, para completar estudios, un lugar seguro de protección y aprendizaje. A ese lugar entregan las familias sus hijos, confiadas en que los verán crecer, encontrar un lugar para desarrollarse, asegurarse un futuro económico estable, en fin.

Ya se sabe, no llevaban la ropa adecuada. Uno de ellos, después de desvanecerse varias veces, debió seguir igualmente la marcha por instrucción de su superior. A la luz de los testimonios posteriores de sus compañeros conscriptos, el trato que recibe apela a los malentendidos aspectos señalados en el párrafo anterior. El joven fallece y llega en esa condición al Cesfam local, situación que debe aclararse porque en un principio el informe del ejército afirma lo contrario.

El ejército informa que los responsables han sido destituidos de sus cargos. Pero eso no basta. No se trata solo de responsabilizar individualmente a quiénes estaban a cargo de la instrucción -cosa que corresponde y está fuera de dudas-, sino de revisar, por una parte, el estado sicológico de ellos; como, por otra, el entendido de “hombría”, “deber”, “valentía”, “coraje”, “fuerza”, etc., con el que se forma a los integrantes de las Fuerzas Armadas nacionales.

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Relaciono esto con la discusión actual, algo trabada, en materia de seguridad, en la que el gobierno estima necesario sentar protocolos específicos para el uso de la fuerza, precisamente para evitar excesos. La oposición estima que eso ya está garantizado por la legislación existente y que un estado de excepción faculta a las FFAA a actuar igualmente dentro de ciertos marcos. Al parecer esto no funcionó con claridad en el llamado “Estallido social”, en el que las situaciones extralimitadas fueron muchas, y están todavía hoy en investigación o tramitación judicial.

Termino esta reflexión como ciudadana y como madre. Quiero recordar que la maternidad no es solo un hecho personal y familiar sino una experiencia que conforma y afecta lo público, porque son nuestros hijos los futuros ciudadanos, a los que la familia y el Estado y sus instituciones deben proteger.

Muchas familias entregan confiadas sus hijos a las Fuerzas Armadas, y es el deber de estas entregarlos de vuelta a sus familias y a la sociedad en condiciones mejores a las de su ingreso, como jóvenes íntegros, con un sentido de deber, de justicia y de responsabilidad, el que no confundirán con abusos ni con malos entendidos de lo que es “ser hombres”.

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Por Franco Vargas, por su familia, y en especial por su madre. Por un trato igualitario a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Porque nunca vuelva a repetirse lo ocurrido en Antuco ni en Putre.