Tras poco más de un año de tramitación en el Congreso, este lunes finalmente se votó el proyecto de ley corta de isapres a través del que las aseguradoras restituirán a sus afiliados los cobros derivados de alzas unilaterales en sus planes de salud, incrementos que fueron masivamente judicializados en un caso que trascendió a la Corte Suprema, que las mandató a devolver una cifra que bordea los 1.600 millones de dólares.

Considerando este panorama, y ante la perentoriedad de implementar el fallo cuyo plazo extraordinario de la segunda prórroga solicitada por la Superintendencia de Salud, expiró este domingo 12 de mayo, el Congreso asumió este lunes, tras una dilatada tramitación que incluso tensionó el debate entre oficialismo y oposición, la votación final del proyecto de ley enviado por el gobierno el 8 de mayo del año pasado al Poder Legislativo para darle curso a la sentencia.

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Contra el tiempo, fue el Senado el que a eso de las 14:30 horas empezó a pronunciarse acerca de la iniciativa legal, cuyo resultado terminó con su aprobación por 39 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Posteriormente, y asumiendo que este lunes se zanjaría el futuro del proyecto en una sesión hasta total despacho, fue el turno de la Cámara, donde la corporación se inclinó por aprobar la normativa por 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones.

En consecuencia, con este último paso por el Poder Lagislativo, el proyecto se despacha a la espera de su promulgación como nueva ley de la República.

El complejo debate parlamentario

Resuelta la entrampada discusión de la norma, con el trámite final de este lunes se cierra un capítulo particularmente complejo en el Congreso, donde durante más de un año el clima se tensionó en medio de acusaciones recíprocas entre la oposición y el oficialismo.

Lo anterior, como consecuencia de la postura de la oposición, desde donde insistieron hasta el final en la necesidad de asegurar la viabilidad del sistema, visión que fue permanentemente rechazada por el sector oficialista, que sostenidamente acusó  una intención de la derecha de propiciar un salvataje a las aseguradoras en desmedro de sus afiliados.

Fue en este contexto que el senador de la UDI, Javier Macaya, quien desde hace unas semanas preside la Comisión de Salud del Senado, fue categórico en su cuestionamiento al Ejecutivo. “En el programa de gobierno veo que hay algunos que quieren mantener vivo el sueño del monopolio estatal de salud”, sostuvo la semana pasada en diálogo con Duna.

Incluso, insistió en traspasar a La Moneda el costo de un problema derivado de una causa ciudadana, asegurando en la misma emisora que en la adminstración de Gabriel Boric está el camino para resolver un tema vinculado al modus operandi histórico del sistema de salud privado. "Prefiero que el gobierno asuma las responsabilidades de lo que significa no haber dado solución a este tema", dijo.

"Si esto colapsa va a ser por inacción del propio gobierno", agregó al tiempo que recalcó que "si nos quedamos sólo con las indicaciones (al proyecto) presentadas, lo que se hace es prolongar la agonía de las instituciones privadas de salud".

Paralelamente, la diputada oficialista y presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, (Acción Humanista), se mostraba decepcionada evidenciando sus reparos a la postura de la oposición.

"No entendemos cómo estamos aún todavía en esta discusión. No hay nada nuevo de lo que hemos venido escuchando hace un año, cuando se dice que no se conoce la indicación del Ejecutivo, son las mismas que conocemos, así que no se puede alegar aquello", planteaba cuestionando el dilatado debate que el proyecto generó en la Comisión Mixta.

Finalmente, el camino se allanó y la normativa terminó aprobándose, dejando opiniones diversas al respecto.

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