Democracia Viva llega a su fin: Tribunal dicta su disolución tras escándalo por fraude al fisco
La Fundación Democracia Viva, conocida por su enfoque en fortalecer los valores democráticos, ha sido disuelta oficialmente por orden judicial.
Esta decisión proviene del 17° Juzgado Civil de Santiago, dirigido por la jueza María Isabel Reyes Kokisch, tras detectar múltiples irregularidades en el manejo de la fundación.
Desde su creación en febrero de 2022, la Fundación Democracia Viva prometió contribuir a la promoción de la democracia. Sin embargo, la realidad detrás de sus operaciones empezó a mostrar una imagen muy distinta.
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Los problemas comenzaron a surgir cuando el Ministerio de Justicia solicitó información a la fundación como parte de una revisión rutinaria.
La fundación no solo falló en responder de manera adecuada, sino que también mostró una inactividad preocupante en cumplir con sus obligaciones legales.
El escrutinio se intensificó cuando se reveló que la fundación había firmado varios contratos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta para proyectos que, según investigaciones, no estaban alineados con los objetivos sociales prometidos.
Estos contratos, que sumaban importantes montos de dinero, fueron el foco de acusaciones de mal manejo de fondos y fraude.
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) intervino, llevando el caso a la corte y presentando pruebas de las transgresiones de la fundación.
El fallo judicial detalló que la fundación no solo había incumplido con los requisitos básicos de funcionamiento, como la realización regular de reuniones del directorio y la adecuada documentación de las decisiones, sino que también había una notable falta de transparencia en sus finanzas.
La jueza Reyes Kokisch, en su fallo, declaró que estas acciones constituían infracciones graves a los estatutos de la fundación y justificaban la revocación de su personalidad jurídica.
Además, se mencionó que el representante legal de la fundación, en algunos casos, había respondido tardíamente a las solicitudes de información, y en otros, directamente había ignorado las peticiones del Ministerio de Justicia.
Finalmente, el juzgado ordenó la disolución de la Fundación Democracia Viva y dictaminó que todas las costas del proceso judicial fueran cubiertas por la misma.