En 2016, durante una marcha estudiantil no autorizada en el centro de Santiago, una cabo segundo de Carabineros fue acusada de golpear a una manifestante, incidente que supuestamente resultó en la pérdida del embarazo de la mujer.

A raíz de esto, la cabo fue condenada a cinco años de cárcel y a siete años sin poder ejercer cargos públicos, acusada de utilizar fuerza excesiva.

Sin embargo, la cabo siempre sostuvo que fue ella quien recibió un golpe de la manifestante y que nunca atacó a la mujer como se le acusaba.

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Además, argumentó que los testigos que hablaban en su contra eran amigos de la víctima y no habían visto los hechos directamente.

Los médicos también indicaron en el juicio que no podían confirmar que el golpe fuera la causa del aborto, mencionando que los abortos en las primeras etapas del embarazo pueden ocurrir naturalmente sin ninguna causa externa violenta.

Ante estas circunstancias, la cabo apeló a la decisión, llevando el caso a la Corte Suprema e interponiendo un recurso de nulidad.

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La Corte examinó todos los detalles y encontró que había problemas con las pruebas presentadas en el juicio original. Los jueces de la Corte Suprema notaron que no estaba claro cómo el tribunal anterior decidió que la cabo era culpable basándose en testimonios poco confiables y sin pruebas directas de que ella hubiera causado el aborto.

Por estas razones, la Corte Suprema decidió anular la condena y ordenó que se realice un nuevo juicio. Este nuevo juicio deberá llevarse a cabo ante un tribunal diferente, que reexamine el caso y las evidencias con más cuidado.

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