En una decisión clave, la Corte Suprema ha confirmado las condenas de varios exagentes del Comando Conjunto, un grupo que operó de forma secreta en Chile durante los años 1975 y 1976.

Este grupo estaba formado por miembros de la inteligencia militar y otros cuerpos de seguridad, quienes se enfocaron en reprimir a miembros de la Juventud del Partido Comunista.

El Comando Conjunto utilizó varios lugares en Santiago, como el Hangar de Cerrillos y La Firma, para detener ilegalmente a sus víctimas, torturarlas y, en muchos casos, asesinarlas.

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Muchos de los detenidos nunca volvieron a aparecer, y solo años después se encontraron algunos restos, como los de Ricardo Manuel Welbel Navarrete y Juan René Orellana Catalán.

¿Cuál fue la resolución de la Corte Suprema?

La Corte, formada por cinco jueces, decidió por unanimidad no aceptar los argumentos de los abogados defensores que querían revertir las condenas.

Las penas para los involucrados varían, pero incluyen hasta 18 años de cárcel para los casos más graves de asesinato.

El fallo también incluyó una parte civil, donde se ordena al Estado a pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas por el daño moral sufrido.

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En total, el fisco deberá desembolsar $150.000.000 a madres, cónyuges, hijos y hermanos de las víctimas, y $80.000.000 a los hermanos demandantes.

Lo anterior, es una forma de reconocer el sufrimiento causado y de compensar en parte el dolor que estas familias han enfrentado durante años.

Los jueces también rechazaron la idea de reducir estas penas con el argumento de que han pasado muchos años desde que ocurrieron estos delitos.

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