La semana pasada, a pesar de sus largas trayectorias, la Casa Memoria José Domingo Cañas en Santiago y el Centro Cultural Museo y Memoria Neltume en la precordillera de la región de Los Ríos, han denunciado la precaria situación financiera en la que se encuentran, lo que les ha llevado a cerrar sus puertas a casi un mes de que se celebre un nuevo día de los patrimonios.

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Paradojalmente, el entusiasmo memorial de los 50 años del Golpe de Estado se esfumó de la noche a la mañana, y los sitios de memoria, donde miles de chilenas y chilenos padecieron horrorosas violaciones a los derechos humanos, volvieron a la triste realidad de la concursabilidad y la competencia a través de la cual el Estado chileno cumple con su obligación de reparación simbólica a las víctimas y a la sociedad en su conjunto, en razón de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

La expresión sitio de memoria es una conquista propiamente ciudadana acuñada al alero de las prácticas de recuerdo colectivo, desarrolladas en torno a las dictaduras y conflictos armados internos que se vivieron en Latino América en las décadas del 70 y 80. Digo que es un conquista, porque el desarrollo de este tipo de espacios de recuerdo se ha realizado al margen de las escasas, disímiles o discontinuas políticas o acciones públicas de recuerdo que los Estados de la región han llevado adelante una vez que amainaron conflictos y las juntas militares cesaron en el poder.

En Chile, los sitios de memoria son producto de una acción colectiva que resiste al olvido, al silencio, a la impunidad y a la negación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura civil militar. Principalmente desarrollados en torno a ex recintos de detención, tortura y exterminio o lugares matanzas y de inhumación ilegal, este tipo de lugares expresa con elocuencia el poder de la memoria, entendida como una práctica social y política sobre el pasado reciente, que hace emerger espacios que ofrecen a la sociedad un lenguaje propio y horizonte ético, para recordar y reflexionar sobre las violencias, y motivar la acción sobre la persistencia de ellas en el presente.

Villa Grimaldi fue el primer ex centro de detención en ser recuperado en el Cono sur. Este año se cumplen 30 años de la apertura de ese lugar, marcando el derrotero de una forma de hacer memoria que se extendería por todo el continente. Se trata de un proceso ciudadano con protagónica participación de sobrevivientes de cada recinto, de familiares de víctimas, vecinos de los barrios en lo que están emplazados esos espacios, profesionales de distintas disciplinas, y sobre todo personas de distintas generaciones que, sin tener un vínculo sanguíneo con quienes padecieron los tormentos o fueron ejecutados o desaparecidos, han encontrado en las organizaciones de sitios de memoria un espacio desde donde ejercer una vocación de acción política comprometida con los valores democráticos y los derechos humanos.

A partir de la observación de distintas experiencias en los países latinoamericanos, en 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la particularidad de los sitios de memoria ofreciendo una definición sobre ellos y recomendando a los Estados una serie de medidas para protegerlos y asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

La resolución 3/2019 de la CIDH se distancia de tradiciones memoriales de otros continentes, especialmente la europea, para relevar que los sitios de memoria son “todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos, y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas”. Destacando la agencia de las víctimas y las comunidades en el trabajo de recuerdo, por sobre la de especialistas y expertos que en otras latitudes han tomado el control de estos espacios, relegando a la ciudadanía al rol de visitantes que deben ser educados en la manera correcta de recuerdo.

Transcurridas tres décadas desde que se abrieron las puertas de Villa Grimaldi, el movimiento de la memoria en torno a las violencias de la dictadura, lejos de declinar ha ido en aumento. El Informe Valech señaló que en Chile habrían funcionado 1.132 recintos de detención, de los cuales en la actualidad 37 han sido protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales a solicitud de las organizaciones y colectivos que han trabajado para su recuperación.

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También se han declarado como Monumento Nacional 8 lugares de inhumación ilegal o matanza (Lonquén, Patio 29, Puente Pilmaiquén, etc); y 4 inmuebles asociados a figuras y experiencias de resistencia a la violencia política de la dictadura. Al menos 17 de los 37 sitios protegidos, se encuentran en manos de organizaciones u otras entidades cuya gestión permite que sean visitados, sin embargo sólo 3 cuentan con un financiamiento estatal cuyo monto cubre las necesidades anuales de sostenibilidad.

Con cada gobierno la situación de los sitios de memoria fluctúa y poco mejora, algunos son más activos en las declaratorias de monumentos, mientras otros paralizan estas iniciativas, a la vez que ralentizan y dejan actuar al mercado de los concursos. No obstante, sin importar el signo político, ninguno ha avanzado en proveer a los sitios de memoria de un marco jurídico, institucional y presupuestario capaz de apoyar la gestión de estos espacios de manera continua y certera para que permanezcan abiertos a la ciudadanía sin someterlos a la constante incertidumbre en el acceso a los recursos.

Los sitios hacen lo que el Estado se ha negado a hacer, que es disponer en cada territorio de lugares que dan testimonio del alcance de la violencia exterminadora de la dictadura sobre un proyecto político y las personas, desde donde reflexionar sobre el pasado y actuar ante las condiciones del presente, con una perspectiva de derechos humanos. Sólo el año pasado el Centro Cultural Museo y Memoria Neltume recibió 8 mil visitantes, a pesar de su localización en la región y las dificultades que históricamente ha enfrentado para mantener sus puertas abiertas.

En los últimos días se ha reflotado la idea de que el Ejecutivo envíe una ley de sitios de memoria al Congreso, lo que por cierto sería una loable y noble iniciativa ante un escenario legislativo, no sólo adverso, sino que derechamente agresivo y con abiertas prácticas de negacionismo, que probablemente impedirían avanzar en la tramitación de un proyecto semejante.

A ello se agrega que tras el Estallido social, los sitios de memoria han sido blanco de diversos y constantes agravios, que ya suman más de cien en todo el país. Para desarrollar la citada ley hay discusiones avanzadas en el seno de las organizaciones de sitios de memoria y experiencias de la región latinoamericana para observar con interés en Argentina y Uruguay.

Sin embargo, en lo inmediato, el Estado dispone de varias herramientas administrativas que, bien gestionadas, podrían mejorar la sostenibilidad de los sitios de memoria en el corto plazo, mientras se discute un posible proyecto de ley.

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Y de paso, no estaría de más pensar cómo se sostendrán los sitios que durante este gobierno han sido entregados en comodato a las organizaciones que han luchado por ellos en distintas partes del país, para no someter a esos lugares al calvario que en estos días viven Casa Memoria José Domingo Cañas y el Centro Cultural Museo y Memoria Neltume, enfrentados a verdaderas políticas de hambre.