Durante los años 60 en Chile, las altas tasas de mortalidad materno-infantil encendieron la polémica y se tomaron la agenda política-social, llevando al gobierno de Eduardo Frei Montalva a instalar iniciativas de salud pública que visibilizaran y contribuyeran al ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

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Sin embargo, estas políticas no estuvieron exentas de disputas, discusiones y rechazo. Para la época, la implementación de una política de Planificación Familiar, el fomento del uso de anticonceptivos y la discusión respecto a la importancia de la Educación Sexual en las escuelas, fueron iniciativas que tensionaron a los grupos más conservadores.

Revisando estos antecedentes históricos, inmediatamente podemos colegir ¿estamos frente al mismo escenario 60 años después? Hemos avanzado en políticas de DDSSyRR, de eso no hay duda, y un claro ejemplo de ello es la promulgación de la Ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales -más conocida como Ley IVE-, no obstante es necesario realizar un análisis más amplio del actual escenario en Chile.

En el Informe sobre la situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos y de la Violencia contra las Mujeres en Chile, llevado a cabo por la Coalición Interregional por los Derechos de las Mujeres y Sexuales y Reproductivos, se asevera que actualmente existen amenazas al cumplimiento de la Ley IVE debido principalmente, a la falta de formación profesional respecto a la legislación.

Asimismo, se indica que en Chile hay desconocimiento sobre conceptos básicos de sexualidad, debido al casi nulo acceso a información sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, lo que provoca desinformación en el uso de métodos de barrera y anticonceptivos, además de todas las consecuencias que esto conlleva.

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En este 2024, desde instituciones internacionales se realizó un llamado al Estado de Chile a revisar el marco normativo en el que se abordan los abortos clandestinos, cuyas cifras se desconocen y más aún sus consecuencias, además de lo que atañe a la objeción de conciencia, principal barrera para la implementación de la actual normativa. De esta forma, han expresado preocupación por la situación actual de los Derechos Sexuales y Reproductivos en el país, realizando un principal hincapié en el limitado acceso a anticonceptivos y también a la falta de regulación y fiscalización en el caso de las fallas de estos.

A propósito de esta información, desde instituciones de la sociedad civil, tal como lo es APROFA, ratificamos la necesidad de avanzar en Chile en medidas efectivas para que la salud sexual y salud reproductiva sea realmente una preocupación estatal y cuente con planificación y financiamiento y esté al alcance de todas las personas para que puedan ejercer sus Derechos en el amplio sentido.

Educación Integral de la Sexualidad, acceso a métodos anticonceptivos, servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, entrega de información con evidencia y respaldo en la materia, son algunos ejemplos de las recomendaciones mínimas que debemos considerar para que los Derechos Sexuales y Reproductivos sean una realidad en nuestro país.

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Esperamos que desde el Estado entiendan lo relevante que es llevar a cabo políticas públicas de este tipo y que luego de casi 60 años podamos decir que Chile logró reconocer y llevar a la práctica de manera plena y efectiva los Derechos Sexuales y Reproductivos.