Primer consenso, se requiere eliminar cualquier tipo de discriminación entre hombres y mujeres para avanzar en la promoción de sociedades justas y equitativas. Para esto, un punto clave es modificar el articulado que restringe el acceso al derecho a sala cuna a empresas que cuenten con veinte o más trabajadoras del Código del Trabajo, permitiendo así la incorporación de miles de mujeres al mercado laboral.

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Segundo consenso, la garantía de una educación para todas las personas desde su nacimiento, el cual se construye en base a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile.

Con todo esto, las políticas públicas deben establecer equilibrios justos en el resguardo de los derechos, incorporar una visión integral del problema y visibilizar las infancias hoy, no mañana, sin perder de vista la participación laboral de las mujeres y los castigos o “multas” impuestas por la feminización de los cuidados hacia la empleabilidad, los salarios y las trayectorias laborales de las mujeres.

El debate actual sobre la sala cuna universal plantea interrogantes sobre la transición entre niveles educativos, la existencia de oferta suficiente posterior a la sala cuna y el derecho a los cuidados después de los dos años de edad.

Además, un dato adicional relacionado con la demanda. Si analizamos la lista de espera en la red pública parvularia (JUNJI, VTF e Integra) de la comuna de Santiago a enero 2024, observamos que la demanda por niveles medios es superior a la de salas cuna, correspondiendo al 63,67%, de un total de 3.397 niños y niñas sin cupo a la fecha y con una tendencia al alza proporcional para niveles medios.

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Sumado a lo anterior, sólo el 2023 se registraron un total de 173.920 nacimientos a nivel nacional, según datos del Registro Civil. Esta cifra es la más baja en una década, marcando una tendencia que ya se venía dando después del 2014, año en que existieron 251.011 nacimientos.

Sumemos otra evidencia, el proyecto de ley habla de la apertura y financiamiento de un sistema mixto de cuidados, lo cual técnicamente hoy sí existe en educación parvularia, con un total de 200 centros educativos categorizados como “JUNJI VTF Privado”, correspondiente a sostenedores privados sin fines de lucro que reciben aportes del Estado para su funcionamiento.

Someter a este nivel educativo a un nuevo tipo de financiamiento sólo precarizará aún más la oferta en términos de su calidad y profundizará su significativa fragmentación. La inclusión de una nueva categoría y subvención para este sistema ya es un problema cuando hablamos de la brecha de financiamiento entre JUNJI-Integra y los VTF, recibiendo estos últimos en promedio $175.000 por párvulos, mientras Integra recibe $280.000 y JUNJI recibe cerca de $300.000, es decir, una diferencia que alcanza prácticamente el 50% por valor párvulo.

Sumo otro consenso, el proyecto no cuenta con perspectiva pedagógica y educativa, lo cual ya mencionó el Ministerio de Educación la semana pasada en su intervención en la Cámara, buscando promover un clima de acuerdos sin descuidar la educación parvularia y el fortalecimiento de su calidad, haciendo referencia a dejar la “colisión de derechos”.

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De todos modos, el acuerdo es amplio, si vemos el vaso medio lleno. Quizás convendría hablar de la flexibilidad de este nivel educativo para abarcar las reales necesidades de las familias, estableciendo nuevas modalidades a menor costo de inversión y con una calidad que garantice oportunidades para la vida, revisitando los resultados de la educación inicial y la pertinencia sociodemográfica que supone cualquier oferta pública, mixta o privada que se instale en los diferentes territorios y barrios.

Por lo pronto, hablar sólo de salas cuna es reducir el problema de las infancias y la feminización de los cuidados.