Una de las dudas que se ha instalado tras la filtración de los audios de Luis Hermosilla, alude a la idoneidad de los procesos de reclutamiento de cargos de envergadura para la institucionalidad de Chile, caso del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, quien aparece mencionado en un artículo de Ciper por hacer gestiones con el abogado para asegurar su nombramiento en el máximo tribunal.

Pese a desmentir haber operado para hacerse del puesto, los cuestionamientos ya se instalaron generando una desconfianza del sistema de selección al que la abogada de derechos humanos, Karinna Fernández, se refiere en diálogo con El Desconcierto.

“En los procesos de selección de magistrados, un elemento importante que el derecho internacional demanda, es que sean transparentes" e "involucren procesos de escrutinio”, recalca detallando que estos se vinculan no sólo a que se evalúen "los antecedentes académicos y curriculares de un candidato a una alta magistratura, sino también a elementos que tienen que ver con su capacidad de salvaguardar la independencia e imparcialidad, o en casos de derechos humanos, si la trayectoria ha sido adecuada" a su protección”.

Sin embargo, complementa, "en Chile, esos procesos no están salvaguardados, por eso señalé, no sólo en la candidatura de Matus, que tenían que seguirse estos requisitos con estándar internacional”, agrega la defensora del periodista Mauricio Weibel en el caso de las escuchas telefónicas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINE) del Ejército, del que fue víctima, contexto en el que comenta las críticas que surgieron de la candidatura de Matus como ministro del máximo tribunal, en 2021.

Defendió a funcionario del Ejército

"Había participado de la defensa de funcionarios del Ejército, del jefe de Inteligencia, (Schafik Gonzalo) Nazal, que permanece en prisión preventiva, por eso nos querellamos contra Nazal. No se cumplían los requisitos de independencia, porque había recibido fondos del Ejército, de una causa que tiene que ver con salvaguarda de derechos humanos".

Posteriormente, comenta, "el ministro manifestó su animadversión contra mí cuando fui candidata a fiscal nacional y, a partir de ese hecho, para lograr una inhabilidad, tengo que ir a la Corte de Apelaciones, pagar 1 UTM y solicitar que declare efectiva esa inhabilidad. Si no hago ese ejercicio en tres días, esa inhabilidad tampoco se plasma en algo concreto".

“Aquí hay varias cosas, los procesos de selección de magistrados, la importancia generar salvaguardas, no existen estos mecanismos... Al parecer sí existen otros de generar influencias que no se salvaguardan", sostiene.

"En este caso, se plasmó en que era defensor de un general del Ejército acusado, hoy formalizado, por espiar periodistas, además contra la Ley de inteligencia, eso ha generado a su defendido estar en prisión preventiva", dice.

Incluso, dice, no se ha hecho suficiente para intervenir el sistema. "Se podrían hacer esfuerzos de transparencia", insiste antes de apuntar a la figura del fiscal nacional.

"Proceso muestra falencias"

“Todo este debate se ha visto aún más vivenciado con el nombramiento de (Ángel) Valencia, que tampoco se ha inhabilitado en las causas que fue parte”, cuestiona.

"¿Cuáles han sido las acciones que cada institución ha llevado a cabo para generar transformaciones en los procesos de nombramientos?", dice sobre la cabeza del Ministerio Público, criticando su negativa a inhabilitarse.

De hecho, dice, “es fácil" que planteen inquietudes al respecto, "cuando no" hay "una crítica que genere transformaciones”.

“En el caso de Matus, dijo que se inhabilitaría y, en la práctica, he tenido que solicitarle expresamente a la Sala que plasme su inhabilidad".

“Esto genera impacto en la ciudadanía, evidencia lo que durante tanto tiempo hemos reclamado. Se ha dañado la independencia y cuando se daña la independencia, se dañan todos los procesos (...) este proceso muestra falencias del sistema", concluye Fernández.