Quizás ya sea hora de ir enfrentando sin complejos el hecho de que parecemos ser una sociedad que desprecia los derechos humanos. Claro, la dictadura cívico militar fue la demostración máxima de ese desprecio pero, a veces, en las tardes melancólicas en que me cuesta creer en la bondad de las personas (a propósito del tema, imperdible el libro de Rutger Bregman, Dignos de ser humanos), me pregunto si esa actuación aberrante de los militares durante 16 años y medio es algo que realmente nos horroriza.

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Sin duda existe una gran cantidad de personas que sienten repugnancia frente a las violaciones de los derechos humanos y cuyos cerebros están lo suficientemente bien equipados como para entender que solo se los respeta en serio cuando no se aceptan excepciones y se les reconoce esos derechos no solo a los que nos parecen humanos rectos, sino también a delincuentes, pedófilos, terroristas, narcotraficantes, integrantes del Tren de Aragua u otras organizaciones, mafiosos, traficantes de armas, personas y paradójicamente, también a violadores de derechos humanos.

Muchos tienen incluso la valentía de respetarlos sin excepciones cuando el populismo punitivo arrecia. Al juez Urrutia, por respetar los derechos humanos de personas imputadas y en la cárcel, ahora le han abierto un sumario. Notable señal, teñida de ilicitud, diría yo.

Pero la verdad es que seguramente la mayoría de la ciudadanía -que se encuentra bombardeada inmisericordemente con la propaganda comunicacional que habla de una “crisis de seguridad sin precedentes”- apoya ampliamente la militarización de la seguridad interior del país, el debilitamiento de las garantías procesales de las personas imputadas de delitos y, de ser posible, la idea de tener a nuestro propio Bukele.

Un sondeo de la Universidad Alberto Hurtado-Criteria del año 2023, por ejemplo, muestra que una significativa parte de la población está muy de acuerdo o de acuerdo con la idea de que “para detener a un delincuente es necesario pasar a llevar algunos de sus derechos humanos” (ver aquí).

Para Felipe Harboe, exconvencional, exsenador y militante del PPD, es necesario que los jueces no puedan… ¡considerar circunstancias atenuantes al determinar las penas! Señala, al final de una reciente entrevista en CNN que penas de esa clase se llaman “unívocas” y que, por ejemplo, si alguien diera muerte a otra persona podría ser sancionado con 25 años sin que importen las circunstancias de ese homicidio (como por ejemplo, defensa personal). Por supuesto, es una opinión que apenas puede creerse que provenga de un abogado, pero ahí está, para nuestro deleite (ver aquí).

Hay demasiadas personas que no sienten interés alguno por el tema de la reparación integral a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura de Pinochet. A muchas personas no les interesa tampoco la suerte de más de 460 personas que perdieron uno de sus ojos –solo por referirnos a las violaciones de derechos humanos más dramáticas–, durante el llamado estallido social.

Se reclama insistentemente que la autoridad respalde inequívocamente a Carabineros y a las fuerzas policiales. La paradoja de esto es que, al mismo tiempo, las personas estiman que las instituciones que ocupan el primer lugar en la violación de derechos humanos son Carabineros de Chile, las Fuerzas Armadas y el Estado (en rigor, los encuestadores deberían entender que los dos primeros son parte del tercero). Carabineros lidera el ranking, con un 36% según una encuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) (ver aquí). La esquizofrenia es que se pide respaldo categórico a instituciones que aparecen ante la población como violadoras relevantes de los derechos humanos.

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Tomás Vodanovic, un alcalde teóricamente progresista, solicita militares para labores de seguridad en la comuna de Maipú pues, entiende él, el Estado debe disponer de todas sus herramientas ante la falta de dotación policial y la crisis de seguridad que vive el país (ver aquí). Es decir, quiere militares para que hagan labores policiales, por más que después se haya esforzado por moderar su petición. Tras 16 años y medio de una dictadura monstruosa y otros 34 de nulo arrepentimiento, don Tomás nos sugiere invitarlos a luchar contra la delincuencia.

Con la reciente formalización y prisión preventiva (una manía de un sistema judicial que traiciona permanentemente la presunción de inocencia, tema que solo algunos valientes abogados como Cristián Riego releva) del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, son notables las palabras de Paulina Vodanovic, presidenta del PS. Hay que distinguir, nos dice con simpleza, la situación de Muñoz de la del General Director de Carabineros, porque mientras el primero realizó una conducta activa (filtrar información sobre causas al abogado Hermosilla, por ejemplo), el segundo habría incurrido “solo” en una omisión (que derivó, claro, en una violación masiva de derechos humanos). La presidenta cree que cometer un homicidio por acción es mucho más grave que cometerlo por omisión (ver aquí).

No quiero ser latero, pero la pena es la misma en los dos casos, pues cuando se sanciona la omisión es porque se entiende que el autor tenía una posición de garante (un deber especial de protección, para decirlo más simple) con respecto a un bien jurídico, como la vida. Por eso, si se mata a otro dándole un balazo o absteniéndose como médico de atender al herido en una urgencia al descubrir a un viejo enemigo, en principio, las penas son las mismas, sobre todo si eliminamos las atenuantes, según la propuesta de Harboe.

Con lo terrible que son las filtraciones de informaciones de causas, la grosera infracción a los deberes del cargo y cierta pestilencia a corrupción que embotan todas las narices, me siguen pareciendo mucho más terribles, deleznables y reprobables las violaciones a los derechos humanos, cometidos por acción u omisión.

Responsabilidad de mando se llama a ese tipo de omisión y es la formalización que aguarda paciente al señor Yáñez, quien, pudiendo, no controló a sus subalternos en una institución jerarquizada y que sigue órdenes casi sin cuestionarlas. Sí, estoy de acuerdo con la presidenta Vodanovic: hay que distinguir, pero me temo que en la comparación el que pierde es Yáñez. Los delitos más graves, masivos y repugnantes no son los de Muñoz.

Y aquí cierro con la presidenta del PS: su problema es que los derechos humanos son para ella, como para muchos, un pariente pobre dentro de los bienes jurídicos a proteger. Es uno de menor entidad que las filtraciones de causas penales reservadas. Más de 460 personas que perdieron un ojo valen menos que las tropelías de Muñoz y los actos de corrupción de determinadas personas. ¡Que Muñoz renuncie ya! ¿Yáñez? Pero no exageremos, son solo violaciones masivas a los derechos humanos cometidas apenas por una omisión…

Y hasta el gobierno de un presidente joven que debería amar la vida y enfrentar la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente (uffff querido León Gieco y los salieris de Charly…), se ha decantado por no pedirle la renuncia al señor Yáñez. Apremió o instó a Muñoz, el filtrador de informaciones, para que renunciara, pero con Yáñez, el futuro formalizado por violaciones a los derechos humanos, la paciencia es mayor.

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Al menos el ministro Luis Cordero ahora lo insta a que Yáñez evalúe su situación antes de la formalización. Pero qué puedo decirles… sigue siendo bien tibio todo, ¿no? Pedir la renuncia sería más consecuente. Eso sí, los generales directores de Carabineros tienen tendencia a no renunciar a pesar de los groseros hechos, como recordaremos con Stange durante el caso Degollados o Hermes Soto tras el asesinato de Camilo Catrillanca.

De nuevo, en la encuesta de la Universidad Alberto Hurtado-Criteria, del año 2023, un pasmoso 61% de las personas considera que en Chile los derechos humanos se respetan nada o no mucho. Así de simple.

Ya es hora de tomarnos en serio este asunto. O creamos una sociedad centrada en el respeto de los derechos humanos o, al menos, dejémonos de llenarnos la boca con ellos. Sería, aunque mínimo, mostrarles algo de respeto.