La escasez de agua se ha convertido en un problema de gran envergadura en Chile. Como fundación Heinrich Böll en Santiago de Chile, compartimos una profunda preocupación por la intersección entre la crisis climática, la sequía y la gestión del agua en el país. Es evidente que abordar este problema no se logrará de manera aislada, sino que requieren un enfoque integral y colaborativo.

La crisis climática está dejando una marca innegable, con temperaturas en aumento y patrones de precipitación cada vez más impredecibles. Esta realidad no solo afecta al medio ambiente, sino que también pone en peligro la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades. La sobreexplotación de los recursos hídricos y la contaminación agravan aún más esta crisis, exacerbando las dificultades que enfrentan las comunidades, especialmente en las zonas rurales.

Los conflictos en aumento relacionados con este recurso vital revelan un diagnóstico compartido: el enfoque institucional basado en los Derechos de Propiedad del Agua negociables no produjo los resultados esperados. En síntesis, el modelo de gobernanza del agua en Chile descansa en derechos de agua que se separan completamente de la propiedad de la tierra, lo que permite su compra, venta, hipotecación y transferencia como cualquier otro activo inmobiliario. La mercantilización del agua, sin tener en cuenta las condiciones necesarias para una gestión adecuada del recurso, ha llevado a muchas ineficiencias y conflictos socioambientales.

Una perspectiva desde la economía de los recursos naturales revela múltiples deficiencias en el mercado que limitan su eficacia, como la sobreexplotación de los recursos hídricos, la presencia de externalidades negativas relacionadas con la contaminación y la ausencia de internalización de los costos ambientales, así como de la conservación de los caudales ecológicos establecidos científicamente. Estas carencias han dejado una amplia gama de interacciones sociales, económicas y ambientales sin resolver, lo que ha generado una esfera de conflictos poco definida, según lo señala la Fundación Terram (2018) en su trabajo sobre la erosión de suelos y la crisis hídrica en Chile.

Por tanto, la gestión y gobernanza emergen como el epicentro del desafío para la asignación eficiente y justa del agua en Chile. La opacidad a nivel de cuenca, la falta de coordinación institucional que opera mediante una administración segmentada de los recursos hídricos por áreas, la supervisión limitada de los usuarios y la escasez de información, fragmentada y a veces contradictoria, sobre los recursos hídricos, generan desconfianza e incertidumbre entre los involucrados. Esto coincide con lo señalado por la Fundación Chile (2019) en su informe sobre la transición hídrica para el futuro del agua en el país

En informes ambientales recientes, como la Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) de Chile 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Balance Ambiental 2023 de la Fundación Terram, se revela un desafiante panorama respecto a la gestión del agua en Chile. Estos documentos técnicos, aunque distintos en su enfoque, coinciden en señalar la urgente necesidad de abordar la crisis hídrica que afecta al país, considerándola un componente esencial en la lucha por la sostenibilidad ecológica y el bienestar socioeconómico del país.

El primer punto de análisis es la crítica situación del agua potable para consumo humano en numerosas regiones. La calidad del agua en estas áreas presenta deficiencias significativas, atribuibles en gran medida a la contaminación industrial, agrícola y urbana. Esta contaminación, sumada a la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales, genera una serie de riesgos para la salud pública y el medio ambiente, evidenciando una brecha aún no cerrada en materia de servicios básicos de saneamiento.

Tanto la EDA Chile 2024 como el Balance Ambiental 2023 alertan sobre la grave situación de los ecosistemas acuáticos chilenos. La sobreexplotación de los recursos hídricos, la contaminación y la degradación ambiental representan una amenaza latente para la biodiversidad y la salud de nuestros ríos, lagos y humedales. Este deterioro, agravado por la falta de regulación y el aumento de la demanda hídrica, plantea un desafío crucial para la conservación y el manejo adecuado de nuestros recursos naturales.

Además, se identifica la compleja relación entre el agua y los sectores productivos, especialmente la agricultura y la minería. Si bien estas actividades son fundamentales para la economía del país, su dependencia del agua las expone a un alto riesgo de conflicto con otros usuarios y a una mayor vulnerabilidad frente a los efectos de la crisis climática. La necesidad de promover prácticas agrícolas y mineras responsables con su entorno, así como mejorar la eficiencia en el uso del agua, se vuelve imperativa para garantizar la viabilidad a largo plazo de estos sectores estratégicos.

Pero han habido avances. Por ejemplo, en noviembre del 2023 se oficializó la modificación de la Ley 21.075 para permitir el uso de aguas grises en la agricultura, especialmente en el riego de árboles frutales, cereales y cultivos industriales. Aunque esta medida ofrece ventajas como una mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico, la incertidumbre persiste respecto a su aplicación efectiva y sostenible. La necesidad de contar con una normativa clara, una fiscalización rigurosa y un compromiso político sólido se vuelve fundamental para asegurar el éxito de esta iniciativa.

En el contexto de la crisis climática, las proyecciones indican un escenario de aumento de la temperatura y eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos. El fenómeno del Niño, como se evidenció en 2023, es solo un ejemplo de las perturbaciones que pueden tener un impacto devastador en la disponibilidad y distribución del agua en Chile. Frente a este panorama, es imprescindible fortalecer la resiliencia de las comunidades y sistemas hídricos mediante la implementación de medidas de adaptación y mitigación que consideren la diversidad de desafíos y necesidades regionales.

Las proyecciones climatológicas indican que Chile se está encaminando hacia una nueva realidad marcada por la desertificación, con zonas históricamente áridas desplazándose hacia el sur, afectando ciudades como La Serena, Coquimbo, Ovalle y Santiago. Los modelos climáticos (ver aquí) sugieren que la crisis climática debería haber generado una disminución de menos del 10% en las precipitaciones, pero el déficit ha sido mucho mayor, superando el 30% en muchos casos.

La megasequía actual es un adelanto del clima futuro, con importantes implicancias para la gestión del agua y la adaptación a la escasez hídrica en las próximas décadas.

Según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2 / ver aquí), la crítica situación hídrica en Chile durante el 2023 se refleja en cifras preocupantes: los embalses en la región de Coquimbo muestran apenas un 7% al 15% de su capacidad, siendo el embalse Corrales el más favorecido con un 50%. Por su parte, el embalse Puclaro alcanza solo un 10% de su capacidad, La Paloma un 6% y El Bato un 45%. El déficit de lluvias es severo, con registros como -85,9% en La Serena, -80,1% en Combarbalá y -71,3% en Illapel. Esta situación se agrava por la escasez de nieve, con un déficit del 100% en Vega Negra.

La sequía, que ya lleva más de 14 años, ha obligado a redoblar esfuerzos para garantizar el abastecimiento de agua potable, especialmente en zonas rurales que dependen de camiones aljibes. Las proyecciones indican que la seguridad hídrica en Chile, sobre todo en la zona central, podría alcanzar niveles críticos para el 2050 debido a la combinación de factores climáticos y de uso del agua.

La administración del agua en Chile se enfrenta a un reto crucial: encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades de la sociedad y los intereses económicos en su conjunto. Si bien los derechos de aprovechamiento son pilares fundamentales en este proceso, enfocar exclusivamente la gestión en aspectos productivos descuida otras variables clave de interés público, como la preservación de las cuencas y la inclusión de aquellos que dependen del agua, pero carecen de derechos de uso.

El agua, como un bien nacional de uso público, requiere de una gestión inclusiva y equitativa que considere tanto a los titulares de derechos como a la sociedad en su conjunto y al Estado. Es crucial evitar que la gestión del agua quede en manos exclusivas de quienes poseen derechos de aprovechamiento, ya que esto podría conducir a externalidades negativas que afecten el bienestar económico, ambiental y social en general. En última instancia, se requiere una visión más amplia y equitativa que reconozca el agua como un recurso estratégico para el desarrollo económico de Chile.

Una gestión eficiente del agua no solo garantiza su disponibilidad para toda la sociedad, sino que también reduce las posibilidades de conflictos socioambientales. La creciente escasez de agua, impulsada por factores como el crecimiento poblacional, la expansión de sectores económicos intensivos en agua, el cambio climático y una gestión ineficaz de los recursos hídricos, está exacerbando las tensiones y los conflictos relacionados con el agua en Chile.

Autor de la columna

Rodrigo Astorga, Economista especializado en Medio Ambiente, Coordinador del Programa de
Transición Socioecológica de la Oficina Santiago de Chile de la Fundación Heinrich Böll