El exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Sergio Muñoz, en prisión preventiva desde este martes, protagoniza el último capítulo de una serie de escándalos que erosionan a distintos cuerpos de seguridad del país, con ocho de sus altos mandos involucrados en casos de corrupción en los últimos 20 años.

Miembros del más alto rango de la policía civil, Carabineros y el Ejército han sido objeto de investigaciones por múltiples delitos de corrupción: malversación de fondos públicos, fraude, filtración de información privilegiada, además de causas por violaciones a los derechos humanos.

[Te puede interesar] Justicia exige entregar fuentes de reportaje del “Pacogate” y TVN apelaría a Ley de Prensa

[Te puede interesar] Aedo (DC) y comisión por caso Muñoz: “Tiene el potencial de abrir el debate respecto a una modernización de las policías”

Expertos y académicos consultados por EFE apuntan a una "excesiva autonomía" de las instituciones armadas y del orden que deviene en una "falta de control" y de fiscalización.

"Existe una institucionalidad que facilita y favorece que este tipo de prácticas de manzanas podridas escapen del control de otras autoridades y sea muy difícil visibilizarlas", dijo a EFE el investigador de la Universidad Diego Portales, Victor Beltrán.

[Te puede interesar] Las brechas de género persisten

La caída de Muñoz

Según la Fiscalía, Muñoz habría hecho varias filtraciones sobre cinco causas judiciales al abogado Luis Hermosilla, uno de los más influyentes del país y protagonista de otro caso judicial que también se investiga, el llamado ‘Caso Audio’, sobre presuntos pagos irregulares a funcionarios de varias instituciones para obtener información privilegiada.

El Ministerio Público identificó, entre otras, cinco revelaciones con envío de “fotos de oficios” sobre la causa que afecta a su antecesor en el cargo, Héctor Espinosa, acusado de malversación de caudales públicos y lavado de activos y quien abandonó la jefatura de la PDI acorralado por este caso.

Además, otras cuatro filtraciones están relacionadas con el polémico caso Dominga, sobre la construcción de un megaproyecto minero en el norte de Chile que pone en riesgo uno de los ecosistemas más importantes del mundo, y en el que se vio envuelto el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

"Legitimidad policial en duda"

El director del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, Franz Vanderschueren, dijo a EFE que estos hechos "hacen que la población dude tanto de la efectividad policial como de su integridad".

"La puesta en tela de juicio de la legitimidad policial significa poner en discusión la rectitud del Estado", agregó.

Además de la inminente imputación formal de su actual director general, Ricardo Yañez, y otros dos exaltos mandos por la omisión de apremios ilegítimos, Carabineros tiene varias cuentas pendientes con la Justicia chilena derivadas del llamado caso Pacogate, reconocido como el mayor caso de corrupción desde el año 2000, cuando se implementó el nuevo sistema procesal penal.

El fraude, ocurrido entre 2006 y 2017, fue cifrado en más de 35.000 millones de pesos (más de 36 millones de dólares) y tiene a más de 130 personas imputadas tanto civiles como altos mandos de la institución.

"Laxitud" hacia las FF.AA.

Compra de propiedades, autos de lujo, viajes, fiestas y turismo con recursos fiscales forman parte de un hilo de corruptelas dentro del Ejército chileno que dejaron un desfalco del erario nacional de más de 9 millones de dólares y que une a todos los líderes de la institución desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con excepción del comandante actual, Javier Iturriaga.

Los comandantes jefe que encabezaron la institución desde 1998 Ricardo Izurieta (fallecido), Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo y Ricardo Martínez están relacionados con alguna de las 50 aristas abiertas tras detectarse en 2015 el fraude y desviación de fondos.

"A diferencia de lo que ocurre con las policías, ha habido durante muchos años una mayor laxitud de parte del poder civil en el control efectivo sobre las instituciones castrenses. Desde el retorno a la democracia, se ha operado bajo una lógica en donde el poder civil no ha querido ejercer sus atribuciones para no tener malas relaciones con el poder militar", comentó a EFE el  decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno.

Para el analista, en comparación con otros países de la región, "hasta ahora las instituciones militares y policiales chilenas habían tenido un mejor desempeño", aunque las últimas revelaciones "afectan ese posicionamiento".

"Hay un retroceso en términos de la confianza ciudadana, pero eso no significa que estemos frente a una crisis de las instituciones militares o policiales porque lo que hay son casos aislados", subrayó.

Precisamente, esta mañana, el presidente Gabriel Boric llamó a "no manchar a toda la institución por los actos de una persona". EFE