Hace unos días se conoció mediante los medios de comunicación en Chile que el exdirector de la Policía de investigaciones (PDI) renunció a sus funciones, el motivo guarda estrecha relación tras haber sido acusado de filtrar información reservada, o sea, por presuntamente haber revelado información de la investigación contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, indagado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Ante esta realidad, sin duda, la Policía de Investigaciones sufre un golpe de confianza por parte de la ciudadanía, una fisura de la cual observamos los primeros reparos.

Pero es necesario recordar que hablar de la PDI es hablar de una institución con historia. El propio sitio web de la organización refiere lo siguiente: “Las primeras señales de la Policía Civil en Chile, se remontan al año 1864 cuando la Municipalidad de Valparaíso decidió crear la Policía Secreta, caracterizada por su reserva al momento de trabajar. Ese mismo año, se creó la figura de los 'guardias comisionados'. Para concretar sus investigaciones estos guardias no usaban uniforme para pasar inadvertidos.  En 1889 se creó la Sección Pesquisas y en 1896 las Policías Fiscales, siendo parte de ésta la Sección de Seguridad que cumplía objetivos judiciales, investigando delitos, aprehendiendo delincuentes y obteniendo evidencias que se proporcionaban como pruebas a los magistrados del crimen, lo que definió claramente su carácter investigativo y civil”.

Añaden en su web que “Otro hecho importante ocurrido en la evolución histórica de la Policía fue la incorporación de la mujer a la función policial, en 1896 ingresaron las tres primeras mujeres agentes, cuya misión estuvo orientada a la investigación de delitos de connotación sexual […] La separación del Servicio de Investigaciones del de Identificación y Pasaportes se produjo el 30 de diciembre de 1942, cuando el D.S. Nº 51/7102 creó la Dirección General del Registro Civil Nacional y la Dirección General de Investigaciones. Además, cercano a esas fechas, Chile se hizo parte de Interpol, particularmente desde 1944, siendo representado por la Oficina Central Nacional (OCN) Santiago -dependiente de la Policía de Investigaciones de Chile- que sirve como punto de contacto con todos los demás países miembros”.

Aclaran además que, recientemente “A partir del 7 de noviembre de 2018 la Policía de Investigaciones de Chile adopta una nueva estructura organizacional, basada en la creación de cuatro subdirecciones: Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria; Investigación Policial y Criminalística; Desarrollo de Personas, y Administración, Logística e Innovación. Esta nueva distribución profundiza el proceso de cambio institucional, que va a la par con los planes y políticas de Estado para la modernización de las policías”.

Ante todo lo anterior, sin duda podemos decir que estamos en presencia de una institución con historia, memoria, desarrollo, avances e intentos de prolijidad en el proceso, y en esa línea, relegar todo aquello dado el caso de Sergio Muñoz (exdirector de PDI), sería fosilizar a toda una institución en nuestro país.

Recapitulando, el viernes de la semana pasada, tras mantener una reunión con el Ejecutivo en La Moneda, y luego de que el CDE presentara una querella en su contra, Muñoz comunicó la decisión de dejar el cargo a sus subalternos. La dimisión de Muñoz fue recibida personalmente y aceptada por el Presidente Gabriel Boric. A su vez, la imputación de la Fiscalía Oriente contra Muñoz nace en la investigación por la filtración de audios del abogado Luis Hermosilla.

Después de las pericias que se realizaron al teléfono celular del abogado se encontró información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente a Muñoz, una lamentable realidad para la PDI que remece a toda la opinión pública, organizaciones estatales y civiles, pues no se “espera” que el director de una institución haya roto esos códigos de ética e imparcialidad que sistemáticamente la institución fomenta a través de sus segmentos formativos y educativos.

En términos generales, Muñoz habría revelado información de la investigación contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, quien es indagado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Según información que maneja el Ministerio Público, Hermosilla era alertado por Muñoz sobre lo que solicitaba la fiscalía en la causa contra Espinosa. Esto, porque pese a que las diligencias las realizaba el OS-7 de Carabineros, la PDI era requerida para entregar oficios, planillas y todo lo que tuviera que ver con el caso.

Ahora bien, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, decretó prisión preventiva contra el ex director general de la Policía de Investigaciones. El ex líder de la policía civil deberá cumplir la medida preventiva en la Brigada de Reacción Táctica de la PDI, de la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana, y además, el tribunal estableció un plazo de 120 días de investigación.

Debemos tener presente que Sergio Muñoz fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de Infracción al artículo 31 de la Ley 19.913 e Infracción artículo 246 del Código Penal. El tribunal dio por acreditados ambos ilícitos, además de su carácter de reiterado. Durante la audiencia de formalización la fiscalía Oriente acusó que Muñoz transmitió información a Hermosilla en relación a investigaciones en torno al caso Minera Dominga, además de las investigaciones contra el ex intendente Felipe Guevara, el ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba y su antecesor Héctor Espinosa, una ironía que duele hasta la última figura de la PDI en Chile.

Por último, me pregunto, ¿Cómo afecta todo esto al prestigio de la Policía de Investigaciones? ¿Es Chile un país que logra separar la “paja sucia” del buen trigo? ¿Qué costos conllevará esto para el nuevo director de la PDI? ¿Qué tanta transparencia habrá en el proceso por parte de las instituciones comprendidas? ¿Que repercusiones traerá esto para el gobierno de Gabriel Boric? ¿Es Chile un país corrupto? ¿Estará polarizada la corrupción en las instituciones de poder?

Me parece que estamos frente a un caso que remece al país, uno que mantiene abierta la herida para todos esos profesionales que trabajan día tras día en la organización, claro, a la espera de las nuevas directrices que tendrá este proceso y de como repercutirá la situación en la credibilidad de la institución (PDI), especialmente ante los ojos de nuestra ciudadanía, pues se proyecta un alto costo, y no que quede como un mero detalle en la discusión pública.