El 8 de marzo pasado se conoció la noticia de la muerte por suicidio de Katherine Yoma Valdivia, profesora de ingles en la Escuela D-68 José Papic Rendic de Antofagasta. Según el Colegio de Profesores y Profesoras: “la profesora se habría quitado la vida tras no superar cuadros de ansiedad, depresión y miedo ocasionados por los ataques y amenazas por parte de una de sus alumnas”.

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Una muerte evitable si se hubieran tomado oportunamente las acciones de protección y cumplimiento de protocolos de convivencia del propio establecimiento. En septiembre del año 2023 la Docente denunció la situación públicamente señalando que una estudiante y su padre la acosaban incluso amenazando de muerte, e hizo presente la falta de apoyo por parte del propio establecimiento.

Una vez más, las autoridades escolares equivocaron el camino desestimando tomar medidas que pudieran afectar a el o los agresores. La estudiante suspendida continuó asistiendo al colegio al igual que su padre porque tiene una hija en segundo básico.

Al parecer, según lo denunció Katherine Yoma en esa oportunidad y refrendado por su hermana Karina en su funeral, la familia agresora habría tenido protección de la inspectora de la unidad educativa quien es mamá del padre agresor y abuela de la estudiante.

La inacción de las autoridades escolares, de los sostenedores y de la comunidad en general son una clara demostración de cuan normalizado están los hechos de violencia. Siempre aparecen buenas excusas para justificarla o para ignorarla. En esta lógica, la conformación y funcionamiento de los equipos de convivencia escolar no aparece como prioritario.

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La convivencia escolar termina siendo un conjunto de documentos que se apilan en los estantes y con encargados de convivencia que copan su jornada en labores administrativas y atención de conflictos. No hay espacio ni incentivos para hacer gestión de convivencia basada en diagnóstico y planificación con la participación de todos los estamentos de la comunidad.

Crear buenos climas de convivencia es clave para desarrollar en el estudiantado la capacidad de aprender a vivir en comunidad y aprender a ser ciudadanos/as.  Si compartimos, estamos aprendiendo a ser generosos; si maltratamos, estamos aprendiendo a ser abusadores.

En ese sentido, también deberíamos repensar el rol de los apoderados en los colegios, dado que hoy pareciera que existe una suerte de “clientelismo” que les otorga tácitamente permiso para hacer y deshacer, porque pagan mensualidad, o porque la asistencia de su hija/o lleva subvención al establecimiento.

Docentes desmotivados, tensionados o con su salud mental afectada que desarrollan su labor en un clima hostil están lejos de ser un aporte significativo para lograr el objetivo de la educación: alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de los estudiantes, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas (Ley General de Educación año 2009).

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El suicidio de Katherine Yoma es una alarma que no puede ni debe ser tratada como un caso particular. La violencia que día a día viven miles de docentes en Chile debe ser encarada con sentido pedagógico y cuando son constitutivos de delito tienen que ser denunciados a la justicia. Hoy nos falta Katherine Yoma, trabajemos para que no falte nadie más.