La política representativa en materia ambiental enfrenta una creciente desazón en la Patagonia chilena. Comunidades y organizaciones denuncian la ineficacia del modelo actual, caracterizado por la degradación ambiental, el predominio del crecimiento económico y la falta de medidas contundentes para frenar la explotación desmedida de la naturaleza.

La percepción generalizada es que los intereses corporativos ejercen una influencia desproporcionada en la toma de decisiones políticas, socavando la representatividad y la capacidad de respuesta gubernamental frente a las demandas ambientales.

Este malestar se intensifica con recientes revelaciones sobre reuniones secretas de lobby entre ministros y sectores industriales, como las salmoneras, así como el rechazo por parte de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Aysén (CRUBC) a solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios.

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Líderes comunitarios y activistas ambientales de la región evalúan críticamente los dos años del gobierno de Gabriel Boric. Juan Carlos Viveros, coordinador de "Defendamos Chiloé", expresa decepción ante la falta de respuesta a los problemas ambientales históricos y la ausencia de cambios significativos en políticas acuícolas y de conservación.

Por su parte, Yohana Coñuecar Llancapani, integrante de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, destaca la aprobación de la ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como un avance, pero lamenta la influencia de los poderes económicos en detrimento de los derechos ambientales.

Desde Las Guaitecas, Daniel Caniullán, lonko de la comunidad Pu Wapi, critica el abandono gubernamental de los territorios patagónicos y la falta de acciones concretas para proteger el medio ambiente frente al extractivismo.

Ante el futuro, los entrevistados expresan cautela y urgencia. Coñuecar insta a una pronta implementación de la ley SBAP y un enfoque participativo en la regulación ambiental.

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Caniullán exige un cambio en la actitud gubernamental hacia la protección de los territorios indígenas y el medio ambiente. Viveros, por su parte, espera que el gobierno cumpla sus promesas y tome medidas efectivas para enfrentar la crisis ambiental.

En resumen, la desconfianza y el descontento en la Patagonia reflejan una profunda preocupación por la falta de acción gubernamental frente a los desafíos ambientales. Los líderes comunitarios llaman a la acción urgente y a un compromiso real con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas.

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