Considerando que el lunes 11 de marzo se inicia el denominado “segundo tiempo” del Presidente Gabriel Boric en La Moneda, son variadas las demandas existentes en distintos sectores de la sociedad civil, independientemente de las expectativas en la interna de la oposición y el oficialismo.

Cómo se visualizan estos dos años que restan de su administración en el ámbito de los derechos humanos, es lo que conversamos con Erika Hennings, directora de Londres 38, emblemático centro de represión, tortura y exterminio de la dictadura de Augusto Pinochet.

"Como Londres 38 hemos destacado que a 50 años por primera vez se reconoce la desaparición forzada, toda la verdad respecto de ello, como una deuda pendiente de parte del Estado chileno, señalado por un Presidente de la República. Desde ahí la instalación del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), que esperamos sea una política pública de Estado que sobrepase con creces a este periodo de gobierno", releva.

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Sin embargo, quien estuvo detenida en 1974 en este enclave de la dictadura, recalca que  "ese objetivo, directamente ligado con recursos adecuados, es una tarea que aún está pendiente".

De hecho, insiste, "aún es mucho lo que se debe hacer, sobre todo en materia de verdad y justicia. Creemos que un gobierno no se debe conformar con las afirmaciones del comandante en jefe del Ejército en cuanto a la información que se posee respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus integrantes".

"Estamos convencidas de que sí hay información en sus archivos. Y si insisten en decir lo contrario, que sea con la evidencia de qué pasó con dichos archivos, actas de traslados o destrucción, por ejemplo", es parte del emplazamiento de Hennings.

Se requiere colaboración de las FF.AA.

"A este gobierno le correspondió el desafío de conmemorar los 50 años del golpe civil militar, y en general discrepamos del enfoque que se tuvo y del discurso que contribuyó a una relativización del golpe de Estado, así como una oleada de negacionismo incluso. Creemos que fue insuficiente, además, la incorporación oportuna de la experiencia de las organizaciones sociales y de derechos humanos en ese proceso, es algo de lo que se debe aprender para el trabajo de DDHH en el futuro", complementa.

Consultada de su opinión del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), oficicializado en agosto por el Ejecutivo, sincera que considerando que Londres 38 es parte del comité de seguimiento de la estrategia, la expectativa es ser un aporte. "Esperamos cumplir un rol que permita llevar las palabras, reflexiones, análisis y propuestas de las organizaciones que representamos en esta instancia del Plan", asegura.

Paralelamente, Hennings apunta a la valoración de este, que visualizan "como un avance, luego de 50 años de encubrimiento y complicidades, vistos por ejemplo en la quema de algunos archivos, en sostener y reforzar pactos de silencio, protección a perpetradores, a Pinochet por ejemplo ante el juicio en Londres, y etc., etc.".

"No obstante la valoración de que haya un PNB, mantenemos una mirada crítica ante elementos que tensionan el éxito del Plan. No podemos depender de una aprobación anual de recursos que comprometa el trabajo a largo plazo. No podemos avanzar sin la colaboración activa y efectiva de las Fuerzas Armadas y de Orden (FFAA), las que siguen ocultando información vital", sostiene.

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Flancos abiertos del PNB

"Hemos relevado la importancia de contar con diagnósticos y herramientas de evaluación de las acciones realizadas por el Estado respecto a la búsqueda, judicial y extrajudicial. En los espacios de participación que se abrieron en el diseño del PNB, enfatizamos la necesidad de explicitar en ese diagnóstico las dificultades, obstáculos y limitaciones enfrentadas históricamente, como forma de aprendizaje y, sobre todo, como bases para el diseño y su implementación", sostiene luego Hennings.

Siguiendo con su análisis, la dirigenta destaca la importancia de "recordar que el Estado de Chile no sólo impulsó algunas iniciativas para avanzar en materia de justicia transicional, como se señala en el texto del PNB, sino que también implementó o impulsó otras para limitar, circunscribir, e incluso clausurar las investigaciones judiciales cuando estas avanzaron afectando a miembros de las FFAA y policiales".

"Por ejemplo, la mesa de diálogo, que no puede ser considerada una iniciativa exitosa sino, más bien, fallida, en tanto sólo evacuó un listado de 200 víctimas, con destinos genéricos que, en su mayoría, no podían ser comprobados o que, posteriormente, mediante investigaciones judiciales, varios de ellos se demostraron como falsos", detalla.

Además, asegura, "los antecedentes y testimonios reunidos por la primera Comisión sobre prisión política y tortura fueron declarados secretos por 50 años, incluso para los tribunales, sin consulta a las personas testimoniantes, por decisión unilateral del Presidente de la República de la época".

"Adicionalmente, un tema que puede parecer secundario, pero que ha sido una faltante histórica, es el de la sistematización y normalización de los datos estadísticos que, hasta ahora, no existen al acceso público, o son discrepantes entre los diversos organismos públicos", ilustra.

Base estadística común, fundamental

"Una base estadística común, de carácter público, es fundamental porque, entre otras razones, debería constituir una base cero para las futuras evaluaciones del PNB. Esto es aún más importante dado el reconocimiento, en el PNB, de que 'no existe una certeza absoluta respecto a su número total'", recalca.

Otro flanco abierto que visualiza en la estrategia, admite Hennings, alude a la instancia del comité de seguimiento, que en su opinión "no garantiza realmente una participación incidente por parte de las víctimas, familiares y agrupaciones de DD.HH., dado que tiene escasas atribuciones y una periodicidad de funcionamiento de tres meses, lo que consideramos insuficiente".

"Sin embargo, hemos decidido participar para, dentro de nuestras posibilidades, llevar la fuerza de esas voces. Esperamos no sea excluyente el dar continuidad a los procesos participativos realizados durante el diseño del PNB, asegurando una amplia participación a familiares y personas interesadas, así como los recursos necesarios para ello", asegura.

Y muy importante, agrega, "es la ausencia en el PNB de cinco personas detenidas y desaparecidas en estos años de democracia, expresión de cómo la impunidad ha garantizado la continuidad de esa práctica".

Pese a los cuestionamientos, la dirigenta releva "como un punto central la necesidad de consistencia entre objetivos planteados y los recursos destinados a tamaña tarea, que tiene más de 50 años de atraso".

Condenados en libertad

Respecto de los dos años que le quedan a la administración Boric en La Moneda y dónde debieran estar las prioridades del gobierno en materia de derechos humanos, Hennings aboga por "verdad, justicia y reparación efectiva, más allá de los símbolos".

"Desde el punto anterior se plantean los desafíos (falencias) en materia de DDHH; y agregamos, además, que actualmente llevamos adelante la campaña 'Prófugos', que busca alertar a la sociedad respecto a 15 perpetradores condenados por la justicia que siguen en libertad. No podemos seguir viviendo con asesinos en nuestros barrios", dice.

Incluso, Hennings comparte su expectativa de que desde La Moneda haga esfuerzos adicionales en este ámbito. "Creemos que el gobierno puede hacer mucho más desde los ministerios de Interior y Justicia para que las policías funcionen. No puede ser pasivo ante esta injusticia", opina.

"Y más importante aún, es preciso que se corrija la política en materia de seguridad pública reemplazándola por una con un enfoque de largo plazo que atienda a las condiciones estructurales y sistémicas que generan la delincuencia. No puede ser que este gobierno termine su período impulsando la política que ha sido sostenida históricamente por la derecha", plantea endureciendo el tono.

Finalmente, consultada respecto de la convocatoria que le harían desde Londres 38 al Presidente Boric, apuesta por "un llamado a no dejar de lado la promesa de la transformación. En un contexto dominado por la agenda represiva como respuesta a la inseguridad, parece que el sistema político relegó la desigualdad estructural, la injusticia social que decantó en una revuelta popular".

"El llamado es a no dejarse llevar por soluciones parche, por la ideología de la derecha que no permite proyectos de sociedad diferentes. El llamado es a enfrentar la profundidad de los problemas del país, que siguen anclados en la marginación y la pobreza que sustenta al modelo de riqueza para unos pocos. El llamado es a que se gobierne pensando en transformaciones profundas y no como un gobierno más de transición", concluye.

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