A pocos kilómetros de Los Ángeles en la región del Biobío, se encuentra un poblado rural tranquilo y con belleza turística que en verano se llena de visitantes, y que siempre se ha valido de las aguas del río Laja para su actividad campesina: La Aguada.

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Desde el año 2012, el estilo de vida en la zona cambió al concretarse la construcción de una hidroeléctrica ligada a la multinacional francesa Engie. Vecinas y vecinos de la zona denuncian que esta intervención “transformó el correntoso y libre río Laja en un embalse de aguas contaminadas, que afectó para siempre el buen vivir de las comunidades de La Aguada”.

Desde hace 8 años, las comunidades campesinas han luchado ante la justicia para lograr que la empresa repare el daño ambiental generado. Esta semana, lograron finalmente que el Tribunal Ambiental determinara que la hidroeléctrica causó un daño ambiental que deberá encargarse de reparar.

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Según denuncian, la hidroeléctrica estancó aguas antes corrientes del río donde se acumula un exceso de nutrientes y materia orgánica en descomposición que genera malos olores, ha deteriorado la calidad del agua para la comunidad y ha generado problemas en la piel y gastrointestinales en quienes se bañan en sus aguas, además de afectar el turismo.

Reparar el daño

La sentencia del Tribunal Ambiental condena por daño ambiental a la empresa titular y obliga al demandado a “restaurar el medio ambiente, de modo de recuperar las funciones ecosistémicas necesarias para proporcionar una mejor calidad de vida a los demandantes”. Para esto, deben presentar un plan de reparación en un plazo de 120 días desde el fallo.

Dentro de nueve meses, la empresa deberá realizar un estudio de diagnóstico de los nutrientes, calidad del agua y fauna del río para diseñar obras de estabilización y control del cauce, además de quitar los restos de árboles que quedaron en el lecho de la parte inundada, para que dejen de liberar nutrientes.

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Desde el tribunal se constató la afectación a las especies de peces que habitaban el río, y obligan a la empresa a realizar acciones para restaurar las poblaciones de estas especies y generar obras para permitir el libre tránsito de fauna marina por el río.

Además la empresa titular debe instalar sistemas de monitoreo de la calidad del agua e instalar barreras u otros elementos para controlar los florecimientos de algas y la degradación de materia orgánica, mientras mantiene canales de diálogo constantes con las comunidades de la zona.