El PSOE necesita aprobar la ley de amnistía para poder gobernar España, porque le hace falta el apoyo del independentismo catalán. Por su parte, el independentismo catalán votó la investidura de Pedro Sánchez para que no gobernara la ultraderecha y, sobre todo, para iniciar una solución política que implique el fin de la represión del movimiento y un referendo de autodeterminación de Catalunya.

Con la amnistía, el PSOE pretende pasar página, pero cerrando la puerta al anhelo de libertad catalán. Pero la evidencia es que hace falta una amnistía porque España jugó sucio con «lawfare» contra el independentismo catalán.

En tanto la derecha del PP y la extrema derecha de VOX viven esta amnistía como una humillación hacia su «legítimo» derecho de perseguir a los independentistas para defender a España. Y la amnistía deshace el relato según el cual el independentismo catalán habría intentado dar un golpe de estado y que practicaría el terrorismo, y lo sienten como una traición del PSOE porque, hasta ahora había apoyado la represión del PP y, cuando ha gobernado el PSOE, ha continuado ejerciendo la represión y el espionaje ilegal hacia el movimiento independentista.

Por eso, la ley de amnistía está agitando al avispero nacionalista español. Dentro del PSOE hay disconformidad, pero la toleran a cambio de los puestos de trabajo que consiguen con el gobierno central. En el PP, VOX, la prensa y, sobre todo, la alta Judicatura (que proviene de la dictadura fascista) el ambiente es de guerra abierta contra el gobierno para recuperar el poder y reprimir las aspiraciones de los catalanes sin miramientos.

Aznar, el expresidente de España del PP, animó: «que todo el mundo haga lo que pueda contra la amnistía». Y los días antes de la aprobación de la ley de amnistía, dos jueces (Joaquín Aguirre del juzgado 1 de Barcelona y Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción heredero del Tribunal de Orden Público de la dictadura fascista) han intentado sabotear la aprobación de la ley.

El juez Aguirre ha aparecido en la televisión pública alemana ARD1 opinando sobre un caso Vólkhov que instruye. Según él: en el 2017 Puigdemont logró el apoyo de Putin a favor de la independencia de Catalunya, con la contrapartida de debilitar a la UE. El juez "intuye" que el contacto fue a muy alto nivel porque Puigdemont fue informado de que Rusia atacaría a Ucrania. Y aún más surrealista, hace meses se filtró a la prensa que el juez "sospechaba" que el Kremlin había ofrecido a 10.000 soldados rusos para defender a Catalunya.

Y, por su parte, el juez García Castellón reactivó la causa Tsunami. Dice que hubo terrorismo en las manifestaciones de 2019 en protesta por las sentencias de 9 a 13 años de cárcel para los organizadores del referéndum de autodeterminación de Cataluña de 2017. Las manifestaciones duraron días y no fueron violentas. Hubo algunos altercados pero sin ningún herido a causa de los manifestantes.

El juez García Castellón está intentando justificar terrorismo con el caso de un turista francés que falleció, por ataque de corazón, en el aeropuerto de Barcelona, porque fuera del aeropuerto había una manifestación. Y a propósito de este juez, en un vídeo de una conferencia pública de hace cuatro meses, se jacta de haber mentido a jueces franceses para conseguir que firmaran un tratado de extradiciones en 2000. ¿Qué credibilidad puede tener este juez que, cuando lo necesita, miente sin reparo?

Todo esto tiene la intención de hacer descarrilar la aprobación de la amnistía y, en caso de que se apruebe, que se pueda impedir, con la imputación de terrorismo o alta traición, que Puigdemont sea amnistiado y pueda ser candidato a la presidencia de Cataluña. Las acusaciones de estos jueces podrían llevar a prisión a una treintena de personas inocentes. Los jueces reivindican la separación de poderes como coartada para no interpretar la ley con el espíritu del legislador o, directamente, para no aplicarla. Pero entonces los jueces estarían haciendo política por su cuenta sin haber sido votados por el pueblo.

Por todo ello, el 30 de enero, el partido Junts de Puigdemont votó contra la ley de amnistía que ellos mismos habían coescrito, por el riesgo de que fuera aplicada tendenciosamente por estos jueces. Entonces se abría un período de quince días más volver a votar, pero el PSOE mantiene el veto a las enmiendas propuestas por Junts que intentan impedir las acusaciones de terrorismo y de alta traición en este caso, dado que no hay habido ninguno de estos delitos.

El tiempo se ha agotado y el gobierno ha tenido que pedir otros quince días para seguir negociando. Veremos si se pueden impedir estos ataques judiciales que vulneren el imperio de la ley que debería prevalecer en la Europa democrática. La UE debería penalizar a la Justicia española y obligar a España a aceptar una solución democrática en forma de referéndum.