Es completamente notable lo que ocurre con el juez Daniel Urrutia Labreaux. Es que hay que tener una especial valentía para adoptar decisiones justas en medio del populismo punitivo del que hacen gala desde la derecha más retrógrada hasta el izquierdismo más pretendidamente progresista.

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Con una mezcla de ignorancia e histeria, hace un rato que la reflexión abandonó a la política. Hace unas columnas atrás cité las palabras de Raúl Eugenio Zaffaroni, jurista argentino y una eminencia intelectual de nivel mundial, quien destacaba que la mayor cantidad de delitos, en particular homicidios, secuestros y torturas, la ha cometido históricamente el Estado a través de sus fuerzas policiales o militares. Este hecho debería permitir entender, a un sujeto de inteligencia media, que un juez de garantía es fundamental para proteger los derechos humanos de los imputados.

Pero estamos en un país donde la mayor parte de los sujetos admiran a Bukele y consideran que los derechos humanos deben ser sacrificados para lograr una disminución de la delincuencia. Son los mismos que desearían ver a todo imputado sometido a prisión preventiva, olvidando que la presunción de inocencia debería impedir esa medida extrema en prácticamente la totalidad de los casos, cuestión que el mismo Poder Judicial olvida permanentemente.

Es la misma corriente que pretende que los derechos humanos son solo para los “humanos derechos”, juego de palabras infantil y populista desplegado con ingenua alegría por el diputado Gaspar Rivas. Es el mismo grupo de personas que aman los testigos protegidos, insisten en suprimir las garantías procesales y pretenden intimidar a los jueces que no comparten sus tendencias contrarias al Estado de Derecho.

¿Qué es lo que ha desatado la furia de los populistas punitivos? ¿Qué decisión tan terrible adoptó el juez Urrutia? Autorizar a algunos imputados que formarían parte del Tren de Aragua y que se encuentran sometidos a prisión preventiva a comunicarse con sus familiares mediante videollamadas y, en uno de los casos, a recibir una visita íntima de su pareja.

Si Gendarmería no es capaz de controlar que mediante una videollamada a familiares o mediante una visita conyugal el Tren de Aragua no se expanda o delinca en Chile, yo sugeriría remover a buena parte de quienes ejercen la dirección de ese servicio, porque en tal caso solo quedaría concluir que su incompetencia e ineptitud se parece a la de la astrología para predecir lo que ocurrirá. Por supuesto, estas autorizaciones son perfectamente concordantes con el respeto mínimo de los derechos humanos de los imputados que, no lo olvidemos, no han sido condenados y gozan –es decir, deberían gozar– de la presunción de inocencia.

Las reacciones han sido notables. El diputado José Miguel Castro (UDI) señaló que el juez Urrutia no estaba “a tono” con lo que necesita el país y que, de ser necesario, iban a tener que legislar para quitarle esa clase de concesiones. Me sentaré a esperar… ¿Una ley para Urrutia, así de específica? ¿Una ley general? Me pregunto cuál sería el contenido de esa ley, porque seguramente sería una ley que obligue a estar a tono: “Artículo 1° El juez que desentone con el país, será objeto de remoción… Artículo 2° Se entiende por tono…” Un desafío legislativo notable, que solo pueden abordar mentes preclaras, como la del diputado.

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Andrés Jouannet, diputado de Amarillos (nunca dejaré de asombrarme de la elección de este nombre), dijo: “Uno trata de no meterse en decisiones de los tribunales, pero la verdad es que uno no puede dejar de hablar cuando hoy tenemos una criminalidad desatada y se dan malas señales”. Digamos que su capacidad de respetar la separación de poderes es muy feble. Apenas siente que un juez falla de un modo que a él no le parece, no aguanta el silencio y cede a su incontinencia verbal. La separación de poderes requiere mucho más autocontrol y respetar el principio precisamente cuando incomoda.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (s) Jaime Gajardo (PC) sostuvo que la decisión del juez Urrutia “está al margen del derecho”, respaldando la decisión de Gendarmería, que impugnó esa decisión. Por supuesto, si el Gobierno es parte de un proceso judicial concreto y, en tal calidad, se siente agraviado por una resolución judicial, podrá impugnarla mediante el recurso que sea del caso. Pero si no es parte, opinar sobre las decisiones de un juez se convierte en una intervención indebida y en una afectación inaceptable de la independencia del Poder Judicial, poder que no lo constituyen únicamente los ministros de la Corte Suprema, sino cada juez en cada tribunal y en cada rincón del país. Es notable que nadie haya reparado en esta gravísima intromisión del ministro de Justicia (s) en el quehacer judicial.

El senador Felipe Harboe admite que el juez Urrutia actuó dentro de sus facultades, pero señala que es necesario “aclarar si su decisión la adoptó por error, compromiso o amenazas”. O sea, para Harboe solo hay tres opciones: el juez se equivocó, se encuentra coludido con los imputados y sus organizaciones o ha sido intimidado por ellas. En su visión, hay que aclarar cuál es, dentro de estas posibilidades, la correcta.

Pero senador, ¡qué falta de imaginación! Yo le propongo una cuarta opción: el magistrado ha leído a Zaffaroni, a Ferrajoli, a Beccaria, a Cuneo Nash, a Rivera Beiras, por nombrar unos pocos autores, y se ha formado académicamente para entender cabalmente qué son los derechos humanos y en qué consiste la presunción de inocencia y el debido proceso, todo lo que le permitió adoptar una decisión perfectamente consciente, fruto exclusivo de su recta comprensión.

También podría indagar esto, senador, supuesto, claro, que aceptemos su alucinante propuesta de “indagar” a los jueces y sus decisiones cuando molesten a alguien del Poder Legislativo. Si en relación con la separación de poderes lo del ministro de Justicia (s) parece una completa imprudencia, lo suyo es sencillamente cavernario.

En un país que todavía no se recupera de las violaciones masivas a los derechos humanos de las que fue responsable una dictadura cívico-militar deleznable, se condena a un juez que protege los derechos humanos. En un país donde no se han encontrado la mayoría de los restos de los desaparecidos y en donde se ha indemnizado a muy pocas víctimas, un juez actúa defendiendo los derechos humanos de personas imputadas por delitos que todavía no les han sido acreditados es acusado y vilipendiado por todos.

En un país que acaba de presenciar otra violación masiva de los derechos humanos a partir del 18 de octubre de 2019, la indignación no es por ella, sino por la decisión de un juez que actúa coherentemente para proteger los derechos humanos de los imputados.

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Es que este tipo de personas creen en los derechos humanos de algunos y se los desconocen a otros. Es decir, no tienen idea de qué son los derechos humanos y hasta qué punto solo admiten un reconocimiento universal y sin excepciones.

Mis respetos al juez. Para sus detractores, les debo señalar que sus dichos solo pueden provenir de una insalubre mezcla de ignorancia, populismo y arrogancia.