La Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, entregó un nuevo dictamen sobre los “controles mínimos” que deben seguir los organismos públicos para la recepción y entrega de beneficios a las personas afectadas por los incendios ocurridos en las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Valparaíso y Viña del Mar, durante las últimas semanas.

El ente fiscalizador estableció que las facultades que se le han otorgado a las instituciones a raíz de la emergencia, y que implican la flexibilización de sus procedimientos, “no implica la inobservancia en la función pública de las normas de control interno en sus actuaciones y el debido resguardo del patrimonio público”, según consignó La Tercera.

Entre las medidas que se deben adoptar, la Contraloría señaló que los distintos servicios públicos y municipales que participen en la ayuda de los afectados por los incendios deben coordinarse para evitar la duplicidad y la concentración en las ayudas, la discriminación arbitraria y la entrega de beneficios que no cubren las necesidades inmediatas.

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Asimismo, el organismo indicó que se deben definir específicamente los tipos de beneficios que se otorgarán y los requisitos que cada uno de estos debe tener, así como también los instrumentos que se utilizarán para recoger la información, como la Ficha Básica de Emergencia.

También se dictaminó que se deben implementar registros de productos en los centros de acopio para la entrada y salida de estos, así como también se debe asegurar la documentación que respalde la entrega de los artículos por parte de proveedores, donantes u otros organismos.

Además, se recomendó que se implemente un registro electrónico sobre quiénes recibieron los beneficios, el cual servirá como respaldo para la rendición de cuentas, rendiciones que también se deben registrar en el caso de recibir donaciones.

Finalmente, el dictamen sostuvo que, en los contratos o compras directas por la emergencia, es necesario adoptar resguardos mínimos que permitan adquirir bienes y servicios a precios que sean razonables, con la finalidad de maximizar la focalización y el buen uso de los recursos públicos. Para ello, se deben realizar consultas de precios o cotizaciones a más de un proveedor y dejar constancia de las variables tenidas a la vista al momento de contratar o adquirir los servicios o bienes.

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