A fines de enero, la Cámara del Senado aprobó, junto con la ‘Ley Corta de Isapres’ una indicación presentada por parlamentarios de derecha agrupados en Demócratas y Chile Vamos, la cual le da la facultad a estas instituciones de salud a no pagar los 1.200 millones de dólares de la deuda con sus afiliados, rebajándola a 400 millones.

Esto, gracias a un mecanismo que hará que no todas las personas reciban la totalidad del dinero que su Isapre le cobró demás durante años, sino que un monto menor, pues disminuye el monto del conflicto distribuyéndola entre todos los afiliados.

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De inmediato, muchas voces desde el oficialismo criticaron esta medida e incluso anunciaron acudir al Tribunal Constitucional para que se revise la legalidad de esta indicación, como fueron los diputados Daniel Núñez (Partido Comunista), Juan Luis Castro (Partido Socialista) e Iván Flores (DC).

Inconstitucionalidad de la indicación

Las críticas encontraron un aliado en el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Tomás Jordán, quien aseguró que esta norma atenta contra la actual Carta Magna, refrendada dos veces en Chile.

“Si uno sigue el derrotero de lo que ha pasado con el derecho a la salud los últimos 13, 12 años, el derecho a la salud, junto con la seguridad social, forman parte de lo que se llama un sistema de seguridad social”, comenzó.

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“Ya no están separadas, ya no operan como derechos separados, porque tienen principios que son comunes, como la universalidad, la solidaridad o que las prestaciones sean uniformes”, añadió en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.

No sólo eso, sino que el abogado Jordán siguió diciendo que “por tanto, al formar un conjunto, lo cual ha sido reconocido incluso por el sistema de isapres, serían normas de seguridad social y al ser normas de seguridad social, la norma presentada sería inconstitucional. En eso estoy de acuerdo y me parece que es un requerimiento que tiene luces para ser acogido en el Tribunal”.

Para cerrar, el experto constitucionalista avisó que “puedes mutualizar las cotizaciones hacia futuro, porque las cotizaciones de cada uno, que pagamos, eventualmente pueden entrar en una lógica de solidaridad. Sin embargo, acá hay una cuestión muy atípica, que está impugnando el fallo de la Corte Suprema, que es que la deuda sea la que se prorratee entre los afiliados y no la pague la isapres, sino los afiliados”.

“Esto atentaría contra la certeza jurídica, la certeza de la cosa juzgada de la sentencia e incluso la propiedad de los afiliados sobre ese monto que se tiene que devolver. Por lo tanto, ahí hay una pugna de fondo que seguramente se va a dar por la fórmula que se está ocupando (…) Esto va a llevar, eventualmente, a una disconformidad de los afiliados a quienes van a tener que pagar la deuda y eso, posiblemente, a una nueva judicialización”, culminó.

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