Durante sus dos gobiernos, Sebastián Piñera dejó un legado ambiental con algunos avances contrastados por la flexibilización de normas ambientales para acelerar proyectos de inversión, y por su propia participación en proyectos contaminantes como empresario e inversionista.

Representante de una derecha más moderada que la que ha ganado poder en el último tiempo, Piñera adoptó un discurso de cuidado del medio ambiente. En su primer gobierno implementó la institucionalidad ambiental, echando a andar organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales, y en el segundo aprobó la Ley Marco de Cambio Climático, que establece entre otras cosas la meta de ser carbono neutral al 2050.

Bajo su mando se alcanzó el acuerdo para el cierre de plantas termoeléctricas, y Chile fue elegido como país anfitrión de la 25° cumbre por el clima de la ONU, aunque el evento luego se celebró en España debido al estallido social.

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En la dirección contraria, limitó la participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos, flexibilizó normas de contaminación para las termoeléctricas y dio impulso a contaminantes proyectos como HidroAysén, Alto Maipo y la expansión minera de SQM en el norte, según recuentan desde la ONG ambientalista Chile Sustentable.

Agilizar la inversión

Una medida que refleja el espíritu de su posición, fue la creación en 2019 de la polémica Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), en el marco de un esfuerzo por promover la inversión y dar una “guerra” contra la “burocracia excesiva”.

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Este organismo agilizó 240 proyectos de inversión representando US$ 60 mil millones, entre los que se encuentran proyectos listados en el mapa de conflictos socioambientales del Instituto de Derechos Humanos, como la ampliación de la mina Los Pelambres, las tronaduras mineras en la Isla Riesco y un terminal de Oxiquim en la bahía de Quintero, que se encontraba en plena crisis tras las intoxicaciones masivas de 2018.

Conflictos de interés

La oficina GPS intercedió a favor de varios proyectos, incluyendo Pampa Camarones, que es la faena minera más grande con inversión de la familia Piñera Morel. Así lo reveló el medio Ciper, que accedió a correos de asesores que trabajaron en la oficina y que escribieron a funcionarios de Sernageomin solicitando urgencia en un trámite para dicho proyecto.

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Todo esto ocurrió durante el segundo gobierno de Piñera. Ante el reportaje de Ciper, el ex mandatario negó la existencia de conflictos de interés, ya que las inversiones mineras de la familia están bajo un fideicomiso ciego, por lo que los titulares no tienen acceso a detalles de la inversión.

Otro proyecto que estaba en la lista de inversiones a agilizar por la oficina GPS, fue el proyecto minero Dominga. Ese caso motivó una investigación de la fiscalía por cohecho y soborno, luego de conocerse que la venta del proyecto, cuya mayor accionista era la familia Piñera Morel, se hizo en tres cuotas, y la última de ellas estaba sujeta a la condición de que no se creara un área protegida en la zona de emplazamiento de la minera.

Esta decisión estaba en manos de Piñera, en ese entonces presidente, que se negó a crear un área protegida en la zona a pesar del pedido de organizaciones ambientalistas y territoriales. Esta negativa habilitó el pago de la última cuota a la empresa de la familia. La investigación terminó sin imputados en enero de 2024, aunque la parte querellante analiza impugnar el sobreseimiento y reabrir el proceso.

La vinculación de Piñera con el proyecto Dominga también le valió cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones de una de sus primeras medidas ambientalistas: el rechazo a la central Barrancones.

Aunque Piñera aludió a la protección de la naturaleza del Archipiélago de Humboldt a la hora de rechazar el proyecto, un reportaje de radio Biobío señala que en ese momento su familia era la accionista mayoritaria de la empresa titular del proyecto minero Dominga, que buscaba instalarse en la misma zona y cuya tramitación para obtener permiso ambiental comenzó unos meses después del rechazo a la termoeléctrica.

Acuerdo de Escazú

Otra posición que generó polémica y que refleja la actitud de su mandato, fue el rechazo a firmar el Acuerdo de Escazú; el primer tratado de Latinoamérica y el Caribe para proteger los derechos de defensores ambientales y garantizar el acceso a la información, justicia y participación ambiental de las comunidades.

Paradójicamente, Chile había sido el principal impulsor del acuerdo durante los cuatro años de negociaciones. Pero a la hora de firmarlo, el presidente Piñera se negó a hacerlo aludiendo a supuestas ambigüedades en el tratado, que entraban en conflicto con la legislación interna.

Esta fue una de las decisiones más criticadas de su gobierno por parte del mundo ambientalista, así como por congresistas y especialistas en derecho ambiental que calificaron los argumentos del gobierno como rebuscados y pobres, y aludieron a intereses y presiones empresariales como las verdaderas razones detrás del rechazo.