El polémico proyecto Dominga se ha transformado en una crisis para el Presidente Sebastián Piñera hacia el final de su segundo periodo presidencial. Este viernes el Ministerio Público anunció que abrirá una investigación de oficio por el rol del mandatario en la venta de dicho proyecto, mientras que la oposición ya confirmó una acusación constitucional.

Fue el domingo pasado cuando Ciper y LaBot entregaron antecedentes que confirman parte de lo ya expuesto por Radio Bío-Bío en 2017, sobre que sociedades ligadas a Carlos Alberto Délano habían comprado Dominga a compañías vinculadas a la familia Piñera Morel en 2010. La operación se llevó a cabo en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. Hace cuatro años se realizó una investigación, pero la Fiscalía consideró que estas nuevas revelaciones dan pie para iniciar un procedimiento.

En el centro de los cuestionamientos se encuentra una cláusula que contenía el contrato. El apartado estableció la condición para uno de los pagos de no decretar la zona del proyecto como área protegida o reserva natural, condicionante que dependía del Presidente Piñera, mientras que eran sociedades ligadas a su familia las que obtendrían los beneficios de la venta. Conflicto de interés que el mandatario niega asegurando que su fideicomiso ciego no le permitía conocer de dichas inversiones.

En paralelo a las negociaciones para la venta, a fines de agosto de 2010, Oceana, una organización internacional dedicada a la protección de los océanos, entregó una carta en La Moneda dirigida a Piñera, en la que se solicitaba declarar una zona de la comuna de La Higuera como área marina protegida. El lugar era el mismo donde se emplazaría Dominga.

[Te puede interesar] Piñera por reapertura de investigación: “La Justicia confirmará mi total inocencia”

[Te puede interesar] "Pandora Papers": Fiscalía decide abrir investigación contra Sebastián Piñera

En 2010 era Alex Muñoz, abogado ambientalista y actual director de National Geographic Pristine Seas para América Latina, quien dirigía a Oceana en Chile en la época en que se presentó la propuesta y se entregó la carta. En conversación con El Desconcierto, entregó detalles sobre la petición por escrito que hicieron llegar hasta el mandatario durante su primer periodo.

"El año 2009 iniciamos una campaña contra la central termoeléctrica Barrancones, que se iba a localizar en la comuna de La Higuera, en la costa. En ese proceso iniciamos estudios para presentar una propuesta de área marina protegida para la zona de manera de conservar el ecosistema y no permitir que se construyera la central", cuenta Muñoz.

"Esa propuesta fue elaborada por científicos de Oceana y de la Universidad Católica del Norte y fue apoyada por las comunidades locales", explica. Ingresaron la solicitud oficialmente a la Seremi de Medio Ambiente de Coquimbo el 31 de julio de 2010, "cuando todavía no se caía la central Barrancones".

Así, Muñoz cuenta que casi un mes después, a fines de agosto de 2010, "le enviamos la propuesta al Presidente de la República a través de una carta que ingresamos a La Moneda".

La carta

En efecto, la misiva tiene fecha del 28 de agosto de 2010, solo 18 días después de que Carlos Alberto Délano hiciera la primera oferta para comprar la participación en Dominga de la sociedades ligadas a la familia Piñera Morel y a los demás inversionistas. Aunque, semanas antes de que firmaran el acuerdo que contenía la cláusula que condicionaba uno de los pagos a que la zona de emplazamiento del proyecto no se decretara con protección ambiental.

Según se desprende de los correos electrónicos entre los directores de las sociedades involucradas, el primer borrador del acuerdo que se hizo en Chile se revisó el 15 de septiembre de ese año y la firma del mismo se realizó el 4 de octubre. En ese documento ya existía la mencionada cláusula. Mientras que el 10 de diciembre de 2010 fue cuando se cerró el trato en Islas Vírgenes Británicas (IVB), a través del contrato definitivo en inglés que recogía dicha condicionante.

El documento firmado en el país comprometía un plazo para el pago de la última cuota "a menos que dentro de dicho plazo se determine que el lugar donde está emplazado el Proyecto Dominga corresponde a: (i) una zona de exclusión; o (ii) un parque nacional o reserva natural, impidiendo en forma definitiva e insubsanable el desarrollo de la actividad minera relacionada con el Proyecto Dominga en dicha área o cuya consecuencia sea que no puede ser construido un puerto dentro de una distancia de 50 kilómetros del lugar en que se encuentran ubicadas las Concesiones Mineras". Lo que fue contemplado en el contrato final en inglés firmado en el paraíso fiscal, con mayores precisiones. Documento que, según confirmó este viernes la Fiscalía, no fue parte de la investigación de 2017.

La carta al Presidente le entregaba la propuesta trabajada para "crear un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, y comuna de Freirina, Región de Atacama", zona donde se ubicaría el proyecto Dominga.

"Creemos que la creación de un Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos es la alternativa más adecuada para conservar este excepcional ecosistema marino - uno de los más ricos y diversos del mundo-, promover las actividades sustentables como la pesca artesanal, el turismo y agricultura, y evitar aquellas que causan graves impactos ambientales", expusieron en el texto.

Oceana hizo ver al mandatario que las principales amenazas para el sector se debían a la posible instalación en La Higuera de "plantas termoeléctricas de combustión a carbón, además de otras industrias asociadas que también causan un alto impacto ambiental". De igual manera hicieron hincapié sobre la pesca de arrastre, la falta de apoyo del Estado para el desarrollo de actividades económicas tradicionales y las diferencias del nivel de ingreso entre distintas comunidades.

"La AMCP–MU La Higuera/Isla Chañaral regularía los distintos usos que se podrían dar a la zona declarada, permitiendo el desarrollo de las actividades que sean compatibles con la conservación solamente, es decir, aquellas que no provoquen grandes impactos sobre los ecosistemas o las especies, como la pesca artesanal, la extracción de recursos bentónicos, el turismo sustentable y la agricultura", argumentaron.

De esta manera, solicitaron "encarecidamente que adopte las medidas conducentes a que se acelere la declaración formal de esta AMCP-MU y usar esta nueva entidad para emprender un camino de desarrollo sustentable para esta importante zona del litoral chileno".

"El Presidente recibió la propuesta de área marina protegida"

"Las áreas protegidas en Chile las declara el Presidente de la República previa votación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, pero que son sus ministros de Estado. Aunque el decreto de creación de áreas marinas protegidas en Chile las firma el Presidente de la República personalmente", explica Alex Muñoz.

A lo que añade que "el Presidente de la República recibió la propuesta de área marina protegida y estaba en pleno conocimiento de su existencia".

Muñoz explica que siempre supieron que el proyecto minero Dominga, por su magnitud y tamaño de inversión, iba a actuar como obstáculo para que se decretara como área protegida. Luego de poco más de un año de cuando se presentó esta propuesta de área marina protegida, "se me planteó por parte del seremi de Medio Ambiente de Coquimbo, Cristian Felmer, si estaba de acuerdo en achicar el área a proteger", afirma.

Según sostiene el entonces representante de Oceana, "él decía que estaba muy complicada la aprobación del área protegida y propuso sacar de la zona protección la zona sur, que es efectivamente donde hubiera estado localizado Dominga. Me negué terminantemente".

El experto, detalla que "lo importante acá es que no cualquier área marina protegida sirve, sino que debe ser una que realmente prohíba actividades industriales, como la construcción de puertos, termoeléctricas a carbón y la pesca de arrastre. De lo contrario es simplemente una línea en el agua". "En la propuesta se dice que solamente se autoricen actividades de pesca artesanal y turismo y que no admita ningún uso industrial", añade.

Finalmente, consultado sobre la decisión que tomó este lunes la Fiscalía, Muñoz afirma que "se debe investigar hasta las últimas consecuencias lo que ha pasado con el caso Dominga y los eventuales delitos que ahí se cometieron, independiente que estos involucren al Presidente de la República. Acá está en juego uno de los ecosistemas más valiosos del planeta, también la probidad pública de Chile y la manera cómo se hacen negocios que destruyen el medio ambiente".