Existen en los mares del sur de Chile más de 400 concesiones salmoneras que deberían haber caducado pero siguen vigentes, según dieron a conocer en agosto de 2023 autoridades de Sernapesca. Decenas de ellas han vuelto a operar luego de haber incurrido en causales de caducidad, tal como han denunciado diversas organizaciones.

Se trata de una situación que ha despertado polémica tanto entre organizaciones ambientales de Los Lagos, Aysén y Magallanes, como en el gremio salmonero. Ahora, el diputado de la región de Los Lagos, Jaime Sáez, volvió a levantar la alerta sobre esta temática en el Congreso, solicitando oficiar a organismos públicos para que den explicaciones.

El diputado solicitó durante su exposición en el Congreso, que se oficie a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas (SSFFAA) para que informe “bajo qué fundamento legal aquellas concesiones que se encuentran actualmente en causal de caducidad, no han sido caducadas”.

Además, el diputado recuerda que muchos de estos casos fueron denunciados por parte de la fundación Terram ya en el 2022, por lo que solicita que se consulte a la Subsecretaría sobre el estado de tramitación de dichas denuncias.

Terram también envió los antecedentes recopilados a la Contraloría General de la República (CGR), pidiendo que se ejecute una auditoría para conocer los actos de organismos públicos con respecto a este tema. Sáez solicitó entonces que se oficie a la CGR para conocer si se realizó dicha auditoría y a qué conclusiones arribó en caso de haberse llevado a cabo.

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¿Por qué es importante?

Ya en el 2022, una investigación de la fundación Terram identicó 280 concesiones salmoneras ubicadas dentro de áreas protegidas como parques o reservas, que incurrieron en causales de caducidad pero no fueron caducadas por la autoridad competente, que es la SSFFAA.

Al menos a 76 de esos centros se les permitió volver a operar, a pesar de que deberían haber sido caducados, y continúan funcionando dentro de las áreas protegidas, lo que genera preocupación en la comunidad científica por la alta frecuencia de escapes de salmones, mortandades masivas y otros daños ambientales que genera esta operación en mares que son objeto de conservación.

Las concesiones salmoneras entran en causal de caducidad al inclumplir los requisitos de la Ley de Pesca y Acuicultura: no iniciar operaciones luego de un año de otorgada la concesión, o paralizar la operación por dos años sin justificación.

Cuando los centros de cultivo dejan de operar sin más, queda ahí un pasivo ambiental del que nadie se hace cargo y que sigue dañando el ecosistema. Si la concesión no es caducada, el centro puede volver a operar sin que se evalúe cómo quedó el ecosistema y qué impactos tendrá la nueva operación. Así lo explica el abogado ambiental de la ONG FIMA, Marcos Emilfork, al medio Mongabay Latam.

“La porción de mar que se concesiona es un bien nacional, y su permiso para producir sobre él -en este caso, salmones- se hace bajo ciertas condiciones definidas por ley, que en este caso no se han cumplido, por lo cual urge que los organismos pertinentes, en particular la SSFFAA, hagan valer la ley”, concluye por su parte el periodista de Fundación Terram, Maximiliano Bazán.

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