El año 2023 sin duda fue complejo en materia ambiental, pues transitamos desde la promesa que este sería el primer gobierno ecologista de Chile, donde la crisis climática sería abordada de forma transversal en las políticas públicas, a una administración preocupada por incentivar la inversión sin saber si esto trae aparejado una flexibilización de las políticas ambientales. Aunque, como expresamos en el Balance Ambiental 2023 de Fundación Terram, todo pareciera indicar que sí.

En marzo de 2022, cuando asumió Gabriel Boric como Presidente de la República, algunas organizaciones o personas ligadas al mundo ambiental pensábamos que podría haber cambios en la política pública en esta materia. Pero, a decir verdad, no esperábamos grandes cosas, solo que la autoridad de turno hiciera cumplir la regulación vigente en materias como la industria salmonera, que se sancionara a quienes incumplen la ley, que se avanzara en normativas para terminar con las Zonas de Sacrificio, que se protegiera el acceso al agua potable y el saneamiento en zonas urbanas o poblaciones vulnerables, que no se aprobaran proyectos de inversión que dañen irreparablemente los ecosistemas, que se pusiera más financiamiento público a la administración y gestión en áreas protegidas, entre otras cosas.

El tiempo fue transcurriendo y las señales que recibíamos eran cada vez más confusas, no teníamos claridad del rumbo que se quería emprender desde La Moneda. Hoy -casi dos años después- ya lo sabemos: promover la inversión y vender al primer mundo los recursos naturales que existen en el país, todo bajo una etiqueta de “verde” que se ha transformado en una prioridad para esta administración. Esto, incluso, sin tener regulaciones específicas y sin considerar el impacto que estas nuevas industrias, como el hidrógeno industrial –mal llamado verde–, las desaladoras o la industria del litio, generarán en los diversos territorios del país.

En esta misma línea, durante el 2023 vimos como las autoridades anunciaban con bombos y platillos la suscripción de nuevos compromisos con la Unión Europea, Estados Unidos o China, posicionando una agenda por la transición energética de los países del norte global en torno al litio y a la electromovilidad como una oportunidad para la economía nacional. Anuncios que fueron poco a poco generando preocupación en el mundo ambiental y en las comunidades locales. La consiga es promover la inversión para que los países desarrollados -los mayores emisores de gases de efecto invernadero y responsables históricos de la crisis climática- puedan hacer su transición energética y así seguir viviendo con los mismos estándares actuales; mientras tanto se sacrifican territorios de nuestro país, consolidando una vez más nuestra posición como un país exportador de recursos naturales.

Adicionalmente a estas alarmantes señales, en estos casi dos años de gobierno no se ha caducado ninguna concesión salmonera del interior de áreas protegidas, a pesar de la declaración de intenciones del Presidente y de las denuncias efectuadas por Fundación Terram respecto de que había un número considerable de ellas que estaban en causal de caducidad. Es más, el año cierra con un anuncio opaco entre el Gobierno y dos empresas acuícolas respecto a sacar nueve concesiones salmoneras de parque nacionales, catalogado por las mismas como un “gran acuerdo”, no obstante, la verdad es que actualmente existen 28 concesiones en parques que debieran dejar de operar en esas áreas y no ser relocalizadas. Es más, si se considera el total de áreas protegidas, las concesiones salmoneras suman un total 424, con un número importante de ellas en causal de caducidad, por lo que el acuerdo dista mucho de ser un anuncio por el cual vanagloriarse.

Este año que culmino, la actual administración tampoco se comprometió con las áreas protegidas y la tendencia de asignar un bajo presupuesto a CONAF para la gestión y dirección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas se mantuvo. Esto sin duda ha contribuido a la generación de incertidumbre respecto del compromiso ambiental de las autoridades, quienes saben que somos uno de los diez países en el mundo que menos invierte recursos públicos en sus áreas protegidas.

Pero sin duda en el año 2023 el quiebre definitivo entre el Gobierno de Boric y el mundo ambiental fue debido a la aprobación de “Los Bronces Integrado”, un proyecto minero birregional (Metropolitana y Valparaíso) que se pretende desarrollar en la zona alta de la cordillera de Santiago y que afectará irremediablemente sus glaciares. Su aprobación por la unanimidad del Comité de logró resquebrajar la poca confianza que teníamos en la gestión ambiental de esta administración.

Pero no todo es negativo, ya que durante el 2023 se aprobaron leyes relevantes que tuvieron su origen en mociones parlamentarias o iniciativas del Ejecutivo provenientes de otras administraciones, como la Ley SBAP o la Ley de Riego. Lo mismo con la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, la Ley de Zonas Saturadas o el Royalty a la minería. Pero esto no nos quita el sabor amargo y lo que se percibe en los territorios y en el mundo ambiental es un desencanto por las promesas de la actual administración y sus eufemismos verdes. Situación que se agudiza tras el anuncio del presidente Boric respecto a la suscripción de un memorando de entendimiento entre Codelco y SQM para la extracción del litio en el salar de Atacama.

Desde Fundación Terram, si bien sabemos que es importante activar la economía, generar empleo y bienestar para los habitantes del país, no percibimos que el Ejecutivo esté preocupado de esto último. Lo que vemos en la actualidad es que distintos personeros de Gobierno han salido a vender Chile fuera de nuestras fronteras, con giras en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y una serie de países asiáticos, entre ellos el mayor socio comercial del país: China.

Lamentablemente las autoridades no lograron entender la importancia del medio ambiente en relación a la crisis climática, el bienestar de las personas y el cuidado de la naturaleza. Lo que hacen, en cambio, es buscar atajos y salidas rápidas en temas complejos y así poder tener una mayor recaudación, postergando -una vez más- el cuidado de los territorios. Basta saber cuáles son las carteras que integran el recientemente nombrado Gabinete de Crecimiento Económico, en el cual faltan los ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente. Es evidente que aquí, como en otras partes del mundo, existe una tensión entre desarrollo y el cuidado de los ecosistemas, pero lo que esperábamos en marzo de 2022 era muy distinto a lo que hemos vivido en estos casi dos años de la administración Boric.

Afortunadamente, aún queda un poco de tiempo para enmendar el rumbo y promover cambios significativos que concilien diferentes visiones, con el propósito de mejorar la protección de nuestro país y a la vez la calidad de vida de las personas. No podemos y no queremos que las grandes empresas privadas y países desarrollados se sigan llevando nuestros recursos naturales solo dejando desechos y la destrucción de nuestros ecosistemas.