La mañana de este miércoles en el Centro de Justicia de Santiago, tras dos años de investigación, la Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a Karina Oliva y otros 11 exmilitantes del Partido Comunes por el delito de fraude de subvenciones.

El Ministerio Público detectó, en el marco de los gastos electorales de la campaña de la excandidata a gobernadora, que los imputados usaron a la Fundación Chile Movilizado -ligada a Comunes- como una fachada para triangular dineros supuestamente utilizados en la campaña del año 2021.

También verificó maniobras “para abultar y disfrazar gastos electorales”, a partir de rendiciones de gastos de campaña, con el objetivo de que el Servicio Electoral realizara una devolución de gastos totalmente alejada de la realidad. Fue el mismo organismo el que terminó por denunciar al partido por gastos no acreditados por $142.686.823.

[caption id="attachment_888256" align="aligncenter" width="950"] Karina Oliva[/caption]

No fue la única acusación de un organismo estatal. Dos días antes de la formalización del día miércoles de esta semana, el Consejo de Defensa del Estado decidió querellarse en contra del grupo de los 12, incluida Oliva, imputándole los mismos delitos.

En medio de todos los nombres de los exmilitantes formalizados figuraba el de Camila Ríos Puebla, la exsecretaria ejecutiva y tesorera del colectivo político, quien se encuentra con arraigo nacional al igual que Karina Oliva y Jorge Ramírez.

La exencargada de administrar las cuentas del partido acaba de ser querellada además por administración desleal por su expartido, quien le atribuye un perjuicio a la colectividad de $472.114.625.  Resulta fundamental, agrega la querella, que se haga responsable “por el ejercicio de su cargo”.

Marco Velarde, actual presidente de Comunes, asegura que el partido ha visto de manera positiva el avance de la investigación judicial.  "Somos los primeros interesados en que esto se resuelva y podamos conocer la verdad de los hechos sucedidos hace dos años atrás. Esperamos que la verdad se esclarezca y que los responsables paguen ante la justicia", agregó.

Bloque hegemónico

Antes de especificar la serie de irregularidades que habría cometido la administración de Ríos, el documento judicial da cuenta de algunos elementos de contexto que permiten comprender mejor la conducción del partido.

“El manejo de la administración y por tanto ingresos y egresos, fue centralizado únicamente en el sector ligado a Karina Oliva - al que pertenecía la querellada - teniendo este bloque la hegemonía en aquel momento en las decisiones del partido”, precisa.

[caption id="attachment_733289" align="aligncenter" width="900"] Partido Comunes/Agencia Uno[/caption]

En la práctica, las decisiones y gestiones administrativas pasaban por un núcleo reducido compuesto por la secretaria ejecutiva de la época -año 2021- y el presidente durante el mismo periodo, Jorge Ramírez, pareja en ese mismo periodo de  Karina Oliva.

“Las claves y los poderes necesarios para la tramitación de los dineros y registros documentales del partido eran las que le entregaban el control a las personas referidas en función de sus cargos, lo cuál no dejaba mucho margen de acción y suponía una confianza en el actuar responsable y no delictivo de estas personas”, explicita el documento.

Una serie de inconsistencias habrían sido detectadas al interior del partido, luego que el Ministerio Público decidiera incautar documentos en sede de la colectividad política, ubicada en ese entonces en el número 19 de la calle Concha y Toro.

En ese momento se “inició un proceso de reconstrucción de la documentación del partido, además del levantamiento de información respecto a deudas asumidas y proveedores y trabajadores con cuentas pendientes”.

Raya para la suma

Entre las irregularidades detectadas en el proceso se destacan el pago de cheques por más de 13 millones a la empresa proveedora “Eventos y Publicidad Marcelo Riffo Sáez E.I.R.L.”, que figuran como gastos sin justificación tributaria ni “contraprestación de algún servicio o compra de un bien”.

También se mencionan17 transferencias por más de 3 millones de pesos a distintos personeros del partido, entre ellos dos formalizados recientemente por el Ministerio Público: Camila Ríos y David Castillo.

El libelo solicita, además, investigar diversos desembolsos de dinero correspondiente a egresos donde existiría un documento tributario pero no evidencia material de la prestación, como el pago de algunas asesorías comunicacionales y jurídicas.

Otra arista perjudicada en el periodo administrativo tendría que ver con el proceso de rendición ante el Servel que sitúa a Comunes con cuentas pendientes con el organismo, limitando sus posibilidades reales de  financiamiento.

El partido asegura que no ha recibido aportes trimestrales del Estado desde julio de 2021 y que el monto total “por este concepto asciende a la suma total de $310.878.145, sin considerar los $314.709.726 que actualmente se encuentran retenidos por el Servel”.

En resumen, el partido considera que el monto total del perjuicio - raya para la suma- es de $472.114.625.

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