–¿Me podí explicar cómo chucha a la única persona que deberían haber cuidado le hicieron factura? ¿Me podí explicar eso? Escucha esto: Commercia, la empresa de mi marido, 400 facturas – le reprocha Leonarda Villalobos a Daniel Sauer.

La abogada encargada de interceder en el Servicio de Impuestos Internos, se encontraba junto al dueño de Factop en la oficina de Luis Hermosilla, antes que el audio de la reunión se hiciera vox populi. Villalobos ratificó además que en la sociedad -Asesorías y Negocios Commercia SpA- participaba el exdiputado DC Exequiel Silva y que habían recibido más de 400 documentos tributarios de Guayasamín, empresa controlada por los dueños de Factop.

–Están investigando del folio 400, desde marzo, al 1600 de diciembre de Guayasamín. Folios son facturas– recalca.

La empresa en cuestión fue fundada en el año 2014 por el marido de Villalobos, Luis Angulo Rantul, junto al exvicepresidente de la cámara de diputados y militante de la Democracia Cristiana. Una sociedad que registra giro ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre consultorías en gestión de fondos de inversión y entidades financieras afines.

[caption id="attachment_880661" align="aligncenter" width="900"] Leonarda Villalobos[/caption]

Commercia, además, según consignó Ciper en una investigación, figura en el registro de proveedores del Ejército -sin evidencia pública de negocios en el sistema-, pero presente en una serie de correos electrónicos filtrados, a mediados de 2022, en el marco de la operación de hackeo a instituciones policiales y castrenses en distintos países conocida como Guacamaya Leaks.

En uno de los correos enviados al Ejército, Angulo explica a una funcionaria del Estado Mayor Conjunto (Emco) que Commercia sería una empresa enfocada en representar a compañías extranjeras y que una de ellas los había contactado para participar en la negociación por un robot detector de minas antipersonales.

El fuerte de los movimientos de la sociedad, sin embargo, ha sido precisamente con los hermanos Sauer. No sólo con Guayasamín, sino con otra empresa de los dueños de STF Capital: una sociedad de Inversiones quien le habría emitido a Commercia en un solo día, el 14 de febrero de este año, más de 45 millones de pesos fragmentados en siete facturas.

Todas los documentos tributarios, detalla una querella presentada en el 4 Juzgado de Garantía de Santiago por el esposo de Leonarda Villalobos, serían facturas donde jamás se prestaron los servicios indicados por la empresa emisora: Inversiones DAS Limitada.

Pese a existir otras 400 facturas sospechosas, Luis Angulo asegura que las operaciones de esos siete documentos configuran el delito de falsificación de instrumento privado mercantil, estafa y asociación ilícita. La querella está dirigida en contra de los dueños de la empresa: los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg Kleinkopf.

“Máquina delictual”

Lo primero que intenta aclarar la querella es que Asesorías y Negocios Commercia SpA es una sociedad dedicada exclusivamente a las consultorías de proyectos legislativos -Exequiel Silva de hecho ha derivado en lobbysta- y que Inversiones DAS Limitada tiene como giro inversiones y arriendo de inmuebles, lo que hace presumir que “las facturas utilizadas son ideológicamente falsas e incluso en algunos casos materialmente falsas”.

Angulo asegura que las prestaciones no existen y que formarían parte de una “maquinaria empleada por los cedentes de las facturas y sus empresas coligadas para crear créditos falsos y obtener réditos y préstamos en su beneficio”.

A raíz de esta situación, el representante de Commercia no duda en calificar las maniobras como una “maquinaria delictual” que habría derivado en demandas en su contra por la emisión de facturas y su posterior cobro por servicios que nunca fueron realizados, afectando su imagen y capacidad económica.

Como la empresa no recibía habitualmente facturas, agrega el libelo, no habría existido una vigilancia respecto a los documentos recibidos, sumado a que la empresa emisora (Inversiones DAS Limitada) tenía bloqueado en el sistema computacional la emisión de las facturas a sus respectivos receptores.

[caption id="attachment_886608" align="aligncenter" width="900"] Daniel Sauer[/caption]

El propósito de las maniobras delictivas sería “incurrir en la emisión de facturas falsas por obligaciones inexistentes, con el fin de generar títulos ejecutivos cedibles a la luz de lo dispuesto en la Ley Número 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a una copia de la factura por lo que me he visto demandado y perjudicado por el operar de esta empresa, además de las otras que existen y puedan existir para realizar la misma mecánica defraudatoria”.

El esposo de Leonarda Villalobos precisa que el modus operandi consistía en ceder las copias de las facturas a terceros -actores del mercado financiero- a fin de “obtener contraprestaciones o para garantizar obligaciones de las sociedades emisoras cedentes”. Es en este punto donde estaría el meollo del “tinglado”:

“En el caso de las contraprestaciones, los terceros cesionarios “adelantan” a los querellados el importe de cada factura, descontando una parte de dicho importe. Vencido el plazo para realizar su pago, esta debía, supuestamente, pagar al cesionario el importe total de la factura. La diferencia entre el monto “adelantado” por el cesionario al emisor de la factura y el monto mismo de la factura que, supuestamente, debía pagar, sería el interés o la utilidad del negocio para el cesionario”.

El segundo objetivo sería garantizar obligaciones contraídas por la misma sociedad emisora o por un tercero.  Una vez cumplida la obligación garantizada, "el cesionario cedería nuevamente la factura a su emisor -primitivo cedente- o sencillamente se la devolvería. Por el contrario, si la obligación no fuere cumplida, el cesionario garantizado conservaría su supuesto derecho de cobrar ejecutivamente el importe total de la factura que le fue cedida”, detalla.

Por tratarse de operaciones con facturas falsas, precisa la querella, no existiría derecho sobre los documentos emitidos a Commercia. “Lo cual demuestra claramente un aprovechamiento por parte de los querellados”, concluye Angulo.

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